A dos semanas de que se conocieran los detalles de la trama de violencia de género y trata de personas que vivió A. Y., una joven japonesa de 23 años, a manos de M. L., su ex pareja y padre de su bebé de cuatro meses en Salta, la Justicia autorizó la salida del país y el cambio de residencia definitiva a Japón de ambas víctimas.
El fallo, firmado por el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación a cargo de la jueza María Mercedes Cabrera el 10 de febrero, consideró que la medida era la respuesta más idónea para resguardar la seguridad de la denunciante y su hijo, priorizando el interés superior del niño.
La magistrada sostuvo que la mujer se encontraba en una posición de extrema vulnerabilidad: había arribado embarazada a Salta instada por su pareja y quedó aislada, sin dominio del idioma ni red de contención, dependiendo casi exclusivamente de su agresor. Las medidas previas no habían logrado que el acusado cesara la violencia.
"La oportunidad concreta para reconstruir su vida"
"La Justicia resolvió en forma inmediata respetando el interés superior del menor, contando con el esfuerzo conjunto del Polo de la Mujer con el único objetivo común de que la ciudadana japonesa regresara a su país", valoró Claudia Kayssner, la abogada que representó a la joven en el proceso.
La resolución judicial impuso las costas del proceso al acusado, por considerar que su accionar fue determinante en la situación. M. L. continuará detenido e imputado por violencia de género, delitos económicos y trata de personas.
Un caso de violencia extrema
En el caso también intervinieron el Asesor de Incapaces y organismos locales de protección de la mujer, que dictaminaron a favor del pedido de la madre, coincidiendo en que la permanencia en Salta era inviable por la ausencia de red social, la barrera idiomática y la continuidad de los hechos de violencia.
Según reconstruyó El Tribuno, las pruebas documentaron episodios de apropiación del dinero que la familia enviaba desde Japón, control compulsivo, amenazas, agresiones, abusos sexuales y violencia en presencia del niño recién nacido. Los informes del Polo Integral de la Mujer clasificaron el caso como de "riesgo grave".
La situación alcanzó su punto más álgido en diciembre de 2023, cuando el hombre fue detenido tras una agresión en el domicilio que compartían, al negarse al ingreso de la policía y mantener una actitud hostil.
La joven arribó embarazada a Argentina convencida por su pareja de que el parto fuera en el país. Los maltratos comenzaron apenas se instalaron. El embarazo, según relató la víctima, fue producto de que el acusado no respetara su pedido de que utilizara preservativo.
El caso cobró visibilidad a partir de una denuncia y la intervención de organizaciones de defensa y agentes judiciales, lo que permitió a la joven acceder a protección formal. El fallo representa, en palabras de su entorno, la oportunidad concreta para reconstruir su vida lejos del miedo.
