El expediente judicial que investiga maniobras fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encamina a una etapa de definiciones tecnológicas. Tras el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 implicados, el foco se desplaza hacia la firma de la familia Kovalivker.
El fiscal Carlos Picardi busca determinar si existió una conexión directa entre este gigante del sector y pequeñas droguerías beneficiadas con licitaciones direccionadas. Según la causa, se habrían concretado 21 contrataciones acotadas por un valor de $30.337.220.919,77.
Cartelización y empresas fantasma
La justicia detectó que las firmas Profarma SA y Génesis SA acapararon el 93,11% de los procesos entre 2024 y 2025. Las inspecciones en los domicilios legales de estas proveedoras revelaron una precariedad absoluta:
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Floresta SA: Poseía solo una heladera vieja y depósitos vacíos.
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New Farma SA: Registró un crecimiento exponencial de ventas pese a sus instalaciones ruinosas.
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Intermediación: Se sospecha que estas firmas no tenían stock y que Suizo Argentina proveía los fármacos para las licitaciones con sobreprecios.
El misterioso rol del "Helvético"
Un punto central de la pesquisa es la figura de Sebastián Nuner Uner, apodado el "Helvético". Escuchas telefónicas sugieren que este directivo de Suizo Argentina habría coordinado decisiones con exfuncionarios como Pablo Atchabahian.
Incluso se investiga su presunta influencia para remover directores técnicos en el organismo que obstaculizaban los negocios. El abogado de la empresa, Martín Magram, negó cualquier irregularidad y sostuvo que la compañía, por su tamaño, no necesita recurrir a este tipo de esquemas.
Cambio de mando en el juzgado
El avance sobre las pruebas digitales coincidirá con un cambio de magistrado. El juez Ariel Lijo tomará las riendas del expediente en reemplazo de Sebastián Casanello, quien dejó firmes los procesamientos por administración fraudulenta.
Lijo deberá resolver ahora los planteos de nulidad de las defensas mientras se analiza el contenido de los servidores y computadoras secuestrados. La causa apunta a desentrañar una red de sobornos y sobreprecios en el Programa Federal Incluir Salud que afecta directamente a los beneficiarios de la agencia.
