Agosto de 2026 asoma como un mes decisivo: la democracia santiagueña volverá a medirse en las urnas, con intendencias y concejos deliberantes en disputa en buena parte del mapa provincial. (La fecha exacta y el cronograma, como siempre, terminarán de cristalizarse cuando la convocatoria oficial de cada comuna publique los plazos y el calendario). Pero hay una discusión que no puede esperar al cierre de listas, ni al vértigo del último día: qué tipo de personas pueden —y cuáles no deben— ocupar el Estado municipal.
Porque el problema no es solo quién gana. El problema es quién compite. Y, sobre todo, quién es habilitado por los partidos a sentarse en el sillón principal de una ciudad o a levantar la mano en el órgano que controla al Ejecutivo.
La letra fría de la ley suele conformarse con poco: edad, domicilio, ciudadanía, inhabilitaciones temporales. La democracia real, en cambio, exige más. Exige confianza, exige ejemplaridad, exige un contrato moral entre representantes y representados. Y ese contrato se rompe —se rompe de verdad— cuando un condenado pretende volver, con sonrisa de campaña, a cobrar un sueldo público y a administrar poder sobre la vida cotidiana de los vecinos.
El Estado municipal no es un premio: es un mandato pagado por todos
Conviene decirlo sin eufemismos: las dietas y salarios de intendentes y concejales no salen del aire. Salen de tasas, contribuciones, coparticipación, presupuestos y recursos que pertenecen a la gente. Es el pueblo el que paga —y por eso es el pueblo el que tiene la potestad de exigir—, más allá de ambiciones personales, arreglos internos o “derechos adquiridos” inventados en un comité o en una unidad básica.
Un cargo público no es un derecho humano. Es un encargo. Y como todo encargo, tiene condiciones.
La primera condición, básica, es jurídica: que la persona pueda ser candidata. Pero la condición decisiva, la que sostiene la legitimidad, es política y ética: que la persona merezca representar.
Y acá aparece el punto que muchos prefieren barrer debajo de la alfombra: la inhabilitación legal puede extinguirse; la inhabilidad moral no necesariamente. Porque una cosa es haber cumplido una condena. Y otra muy distinta es pretender que la sociedad “finja demencia” y vuelva a confiar el timón del Estado a quien ya lo usó para delinquir, abusar, defraudar o traicionar la confianza pública.
Tres nombres, una misma pregunta: ¿qué está dispuesta a tolerar la política?
Los ejemplos no son teorías. En la provincia sobran casos que muestran por qué la discusión no es abstracta.
El caso de Emilio Rached es reciente y directo: fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en una causa por desvío/uso irregular de fondos vinculados a obras públicas en la ciudad de Pinto. No importa el maquillaje discursivo: hay una sentencia y hay una sanción institucional máxima —inhabilitación perpetua— que tiene un sentido claro: el Estado no puede ser administrado por quienes lo dañaron desde adentro.
El caso de Julio Fernando Alegre funciona como recordatorio histórico y, a la vez, como advertencia: la Justicia lo condenó en 2012 por delitos vinculados a corrupción (asociación ilícita, defraudación, peculado y otros), con pena de prisión e inhabilitación perpetua. Años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena. Es decir: no estamos discutiendo sospechas ni chismes; hablamos de condenas que atravesaron instancias.
Y el caso de Héctor "Chabay" Ruiz expone el corazón del debate moral: fue condenado en 2015 por abuso sexual y, con el paso de los años, se abrió una discusión política e institucional sobre si alguien con esa condena puede ocupar bancas. Este mes, febrero de 2026, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso con el que buscaba revertir la decisión de impedirle asumir por “inhabilidad moral”, cerrando el derrotero judicial del planteo. Ya en 2021, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad había expresado públicamente su preocupación ante la posibilidad de su asunción como diputado provincial.
Tres trayectorias distintas. Un mismo interrogante: ¿cuál es el umbral ético mínimo que la política santiagueña está dispuesta a defender?
La lista sábana: cuando el sistema ayuda a esconder lo que debería mostrarse
La democracia municipal tiene una particularidad incómoda: el voto no siempre ilumina. A veces, tapa. El mecanismo de lista sábana —sumado a la falta de información pública ordenada— hace que muchos ciudadanos terminen votando “un sello”, “una boleta”, “una marca”, sin saber realmente quiénes integran la nómina completa, cuáles son sus antecedentes, su idoneidad, sus conflictos de interés, su historia judicial.
Y esto no es un detalle técnico. Es el terreno perfecto para que se cuelen “los de atrás”: los nombres que nadie mira, los que nadie discute, los que “entran por sistema”. La democracia se vuelve entonces un trámite: el pueblo legitima con su voto lo que los aparatos arman en una oficina.
Qué se elige y por qué; la lista puede ser enorme
Las comunas de
1ª categoría: eligen intendente y suelen renovar 12 concejales.
2ª categoría: eligen intendente y 9 concejales.
3ª categoría: eligen intendente y 6 concejales.
Como cada banca tiene titular y suplente, eso se traduce en listas que pueden llevar, típicamente:
12 titulares + 12 suplentes = 24 candidatos (1ª)
9 titulares + 9 suplentes = 18 candidatos (2ª)
6 titulares + 6 suplentes = 12 candidatos (3ª)
Conclusión: Si no hay información clara y control ciudadano, entra cualquiera.
“Ficha limpia” no es un eslogan: es un estándar
Cada vez que se plantea un filtro ético, aparece la misma coartada: “eso es proscripción”, “eso es persecución”, “eso lo decide la Justicia”. Pero la democracia no puede reducirse a un expediente.
La justicia juzga delitos. La política, además, debería cuidar la calidad institucional.
En Argentina, el debate por “Ficha Limpia” viene de hace años. En mayo de 2025, por ejemplo, el Senado rechazó un proyecto que buscaba impedir candidaturas de personas con condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia (con reglas y plazos específicos). En la provincia también hubo intentos y discusiones públicas sobre iniciativas similares.
Llamémosle “Ficha Limpia” o pongámosle otro nombre. Lo central es el principio: si alguien fue condenado, no puede pretender que la sociedad le entregue una lapicera pública como si nada.
Y acá hay que ser justos y claros: hasta la sentencia, rige la presunción de inocencia. Pero después de la condena, el debate cambia: ya no es jurídico, es institucional. No se trata de castigar dos veces; se trata de reconocer que el poder público exige una vara más alta.
El contrato social que falta: partidos y alianzas deberían firmar (y publicar) su compromiso
La solución no es solo una ley —aunque ayudaría—. La solución también es política y cultural. Y empieza con una pregunta simple: ¿por qué los partidos no se obligan a sí mismos?
Si de verdad creen en la ética pública, deberían asumir un compromiso verificable, no declamativo. Algo así como un contrato social con la ciudadanía. Y sí: si hace falta, ante escribano, para que no quede en promesa de acto.
Ese contrato podría incluir, como mínimo:
Cláusula de exclusión: Ninguna persona con condena penal (en especial por delitos dolosos graves, corrupción, violencia sexual, violencia de género, administración fraudulenta, etc.) integra listas ni ocupa cargos partidarios.
Legajo público obligatorio: cada candidato con su currículum, antecedentes, declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, y constancia de antecedentes penales.
Regla de transparencia en la lista sábana: publicación anticipada y accesible de la nómina completa, con “ficha” individual y contacto para impugnaciones ciudadanas.
Compromiso de renuncia ética: si aparece una condena durante el mandato, el representante se aparta y deja que el cargo vuelva a la regla democrática, no al blindaje corporativo.
No hace falta inventar la pólvora. Hace falta voluntad. Y hace falta, también, que la sociedad no compre el chantaje emocional del “pobrecito, ya pagó”. Pagó ante la ley. Pero la política no es un lavadero de reputaciones.
El pueblo no solo vota: audita
Agosto de 2026 no debería ser solo un mes de campaña. Debería ser un mes de auditoría ciudadana.
Auditar significa mirar más allá del afiche. Preguntar por la historia detrás del nombre. Exigir que los partidos expliquen por qué llevan a quien llevan. Y entender algo fundamental: la democracia no se defiende únicamente el día de la elección; se defiende antes, cuando se arman las listas.
Porque cuando el ciudadano se entera tarde, ya es tarde. Y cuando se acostumbra a lo intolerable, la democracia se vuelve frágil, rutinaria, administrada por los que mejor manipulan la desinformación.
Nunca más “cualquiera” en una boleta
Si la política santiagueña quiere honrar la democracia, tiene que recuperar una idea sencilla: la representación es honor, no botín.
Los municipios son la primera puerta del Estado. Ahí se decide si hay agua, si hay luz, si hay calles, si hay control, si hay presupuesto, si hay futuro. No es una caja para que entren condenados a reinventarse como “dirigentes”.
Que quede escrito con tinta clara: no es venganza pedir estándares morales. Es defensa propia. Es defensa de la comunidad. Es respeto por el vecino que cumple la ley y por la víctima que no puede “pasar página” porque la cicatriz no se borra con un discurso.
Y sobre todo: es respeto por un principio que debería ser obvio y, sin embargo, hay que repetirlo como si fuera nuevo: si el pueblo paga las dietas, el pueblo tiene derecho a decir quién puede… y quién no puede nunca más.
