Los herederos del sable corvo del general José de San Martín presentaron una acción judicial para que la Justicia prohíba su traslado fuera del Museo Histórico Nacional. La medida busca impedir una eventual iniciativa del gobierno nacional de enviar la histórica pieza a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo, argumentando una posible vulneración a su destino patrimonial.
La presentación judicial y los argumentos
Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero, presentaron una acción cautelar ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. En la presentación, a cargo de los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, advirtieron que el traslado se buscaría a partir de manifestaciones públicas del presidente Javier Milei y otros funcionarios.
Los herederos sostienen que el objetivo sería llevar el sable original al cuartel del Regimiento de Granaderos, lo que consideran "un uso indebido de un bien de valor histórico y patrimonial". Subrayaron que el Regimiento ya posee una réplica del sable, por lo que el movimiento del original sería "innecesario e irrazonable", recordando además que existen antecedentes que desaconsejan que esa institución sea su custodio.
La denuncia sobre un posible traslado urgente
Según detallaron los demandantes, la iniciativa oficial incluiría la exhibición del sable durante un acto previsto para el próximo 7 de febrero. Alertaron que el traslado se habría planeado sin dar intervención previa ni al museo ni a la comisión correspondiente, y que incluso contemplaría su transporte en helicóptero, lo que agregaría riesgos a la integridad de la pieza.
El fundamento legal: el decreto de 1897
El núcleo del reclamo legal se basa en el decreto del 3 de marzo de 1897, mediante el cual el Estado nacional aceptó la donación del sable. Los herederos argumentan que esta normativa incorporó la pieza al patrimonio público con una finalidad cultural, histórica y museística específica, que no puede ser alterada.
Sostienen que las declaraciones de los funcionarios evidencian una posible vulneración de ese decreto, al pretender modificar el destino y la custodia del bien, que por más de un siglo ha permanecido bajo la safeguarda del Museo Histórico Nacional. La Justicia deberá ahora decidir si hace lugar a la medida cautelar que busca mantener la reliquia en su ubicación actual.
