El video que lanzó el Gobierno nacional por el 24 de marzo no es una pieza de reflexión histórica: es un artefacto de intervención ideológica. No busca comprender el pasado. Busca discutirle legitimidad al consenso democrático que la Argentina construyó con dolor, pruebas, juicios y condenas.
El primer dato que delata la maniobra está en el propio título. “Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”. Esa palabra, “completa”, no es inocente. No viene a sumar, ¿verdad? Viene a adulterarla. No viene a ampliar memoria: viene a desplazar el eje moral y jurídico de lo ocurrido. Porque en la Argentina, lo que se juzgó no fue una pelea entre equivalentes. Lo que se probó en tribunales fue la existencia de un aparato estatal clandestino, sistemático y planificado de secuestro, tortura, desaparición, asesinato, robo de bebés y supresión de identidad. Eso no es una opinión militante. Es una verdad judicial e histórica.
Por eso el corazón del video oficial no es la memoria: es la reinstalación de la teoría de los dos demonios con ropaje de siglo XXI. La operación consiste en algo bastante burdo pero políticamente eficaz: mezclar violencias distintas, borrar las jerarquías de poder, correr del centro al Estado terrorista y llevar la discusión hacia una pregunta tramposa sobre “quién empezó”. Como si la magnitud del horror pudiera resolverse en una mesa de equivalencias. Como si una organización armada, por brutal que haya sido, tuviera el mismo peso institucional, logístico, jurídico y material que un Estado que secuestró desde sus fuerzas armadas, usó centros clandestinos, administró vuelos de la muerte y creó la figura atroz del desaparecido para negar hasta la existencia de sus víctimas.
Ese es el punto decisivo que el video oficial intenta erosionar: no hubo “excesos” ni “errores” en medio de un desorden general. Hubo terrorismo de Estado. Y esa categoría no nace de una consigna partidaria, sino del modo en que la democracia argentina y sus tribunales calificaron esos crímenes. El Juicio a las Juntas fue justamente eso: la decisión civilizatoria de decir que el Estado no puede hacer cualquier cosa, ni siquiera frente a la violencia política. O más precisamente: sobre todo frente a la violencia política. Porque cuando el Estado rompe todas las reglas constitucionales, suspende el debido proceso y sustituye la justicia por la picana, deja de defender la ley y se convierte en la maquinaria más peligrosa de todas.
El video también funciona como una provocación de calendario. No fue lanzado cualquier día: fue difundido en el 50.º aniversario del golpe, cuando el país conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En vez de asumir la densidad ética de esa fecha, el Gobierno eligió disputarla con una pieza de 75 minutos que, según la cobertura coincidente, insiste en negar o relativizar el consenso sobre los 30.000 desaparecidos y en cuestionar la narrativa consolidada por los organismos de derechos humanos y los juicios de lesa humanidad. No es memoria institucional: es revisionismo desde el poder.
Y aparece lo más grave: cuando el Estado usa su aparato de comunicación para relativizar el terrorismo de Estado, no está abriendo un debate historiográfico. Está enviando una señal política al presente. Está diciendo que las bases morales del Nunca Más son discutibles. Está tanteando hasta dónde puede correr la frontera de lo tolerable. Está midiendo cuánto rechazo real produce la indulgencia discursiva con los represores. Preparar así un eventual clima pro indulto no es descabellado como interpretación política, aunque una cosa así hoy chocaría de frente con la jurisprudencia y el andamiaje jurídico construidos en Argentina: la Corte Suprema declaró inválidos los indultos en casos de lesa humanidad y la jurisprudencia consolidó la imprescriptibilidad y la obligación estatal de investigar y sancionar estos crímenes.
Además, hay un dato que vuelve todavía más obscena la maniobra: la Argentina no está hablando de fantasmas ni de un pasado abstracto. Está hablando de procesos judiciales concretos. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a medio siglo del golpe ya se dictaron 361 sentencias y 1.231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad desde 2006. O sea: no se trata de un “relato” sin pruebas. Se trata de una arquitectura judicial gigantesca, sostenida durante años, con prueba documental, testimonial, pericial y sentencias firmes. Pretender correr eso con una narrativa estatal de ocasión no es valentía intelectual. Es una forma de degradación pública
La perversión de fondo es esta: los desaparecidos no tuvieron defensa, no tuvieron expediente, no tuvieron juez, no tuvieron derecho a réplica, no tuvieron tumba. Los genocidas, en cambio, tuvieron abogados, tribunales, recursos, apelaciones y juicios justos en democracia. Justamente por eso la comparación moral es insoportable. Porque quienes hoy hablan de “justicia completa” parecen olvidar que la justicia completa empezó cuando el Estado democrático hizo exactamente lo contrario de la dictadura: juzgaron con garantías a quienes habían actuado sin ninguna.
En ese marco, el video oficial no es una contribución al pluralismo. Es una agresión a la memoria democrática. Es el intento de convertir a la principal política ética de la democracia argentina en una discusión de panel, en una guerra de campanas, en una batalla de marketing político. Y eso tiene una gravedad enorme porque cuando un gobierno ensaya la absolución simbólica de los verdugos, lo que en verdad está haciendo es rebajar la dignidad de las víctimas.
No hay memoria “completa” cuando se licúa la responsabilidad del Estado. No hay verdad “completa” cuando se iguala al secuestrado con el secuestrador. No hay justicia “completa” cuando se sugiere que el problema fue apenas una sucesión de violencias simétricas. Lo que hay, en cambio, es una estrategia de blanqueo moral del terrorismo de Estado envuelta en lenguaje institucional.
Y eso, a 50 años del golpe, no es un matiz. Es una infamia.
