El Gobierno Nacional presentó este miércoles ante el Senado un proyecto para modificar la actual Ley Nacional de Salud Mental (26.657). La iniciativa pone el foco en los criterios de internación involuntaria y en la estructura de los equipos de salud, buscando resolver lo que consideran obstáculos para un tratamiento oportuno de los pacientes.
La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso ante las comisiones de Salud y Legislación General. Durante su intervención, señaló que la normativa vigente, promulgada en 2010, "descentralizó al psiquiatra" y defendió la necesidad de devolverle un rol central dentro del equipo interdisciplinario, sin que una especialidad reemplace a la otra.
Según la funcionaria, tras escuchar a familias y profesionales de las 24 jurisdicciones, se concluyó que ciertos artículos no funcionan adecuadamente. Por ello, la reforma busca una implementación homogénea en todo el país, garantizando que los tratados internacionales sean fundamentales en el texto de la norma.
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Cambios en internación y diagnósticos
Uno de los puntos más álgidos de la propuesta es el reemplazo del concepto de "riesgo cierto e inminente" por un criterio situacional. Este cambio permitiría a los profesionales analizar antecedentes y la evolución previsible del paciente, facilitando intervenciones preventivas antes de que ocurra una crisis irreversible. "No podemos basarnos solo en la foto del momento", sentenció González.
Asimismo, el proyecto plantea sustituir el término "padecimiento mental" por el de "trastorno mental". El objetivo, según Salud, es precisar las características diagnósticas para evitar errores involuntarios en los equipos tratantes, reservando la palabra "afecciones" para problemáticas que no alteren el bienestar general del paciente.
En cuanto a la red de atención, se propone que los hospitales generales absorban los casos leves, mientras que las instituciones especializadas queden reservadas exclusivamente para los cuadros de mayor complejidad y gravedad.
Responsabilidad familiar y control judicial
La reforma también introduce cambios significativos en el proceso de alta. La familia pasará a tener una responsabilidad legal directa en el proceso de externación de pacientes internados voluntariamente.
Además, se busca implementar un control judicial de los pacientes dados de alta por un plazo de 6 meses. Esta medida tiene como fin mejorar la adherencia a los tratamientos ambulatorios y reforzar el seguimiento en el primer nivel de atención, asegurando que la transición desde la internación hacia la comunidad sea efectiva y segura.
