La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) mantienen un fuerte cruce institucional este jueves, luego de que el organismo solicitara designar veedores para auditar documentos contables ante supuestas irregularidades. La entidad deportiva, mediante un comunicado firmado por su presidente Claudio Tapia, rechazó la medida por considerarla ilegítima y de carácter político.
El conflicto escaló tras la resolución del inspector general, Daniel Roque Vítolo, quien argumentó la detección de anomalías financieras. Desde la calle Viamonte sostienen que la disposición no implica una sanción, sino una "medida preparatoria" que carece de sustento jurídico real y que busca intervenir en la autonomía de la institución.
Una disputa de fondo por las SAD
En el documento titulado "Nuestra respuesta", la conducción de la AFA vinculó directamente este movimiento con el intento de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el país. La dirigencia afirma que se busca debilitar el esquema de asociaciones civiles sin fines de lucro mediante presiones administrativas externas.
El conflicto por el domicilio legal
Otro punto de tensión es el traslado del domicilio legal de la entidad a la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Mientras la IGJ cuestiona este cambio, la AFA defiende que la inscripción fue aprobada por la autoridad provincial competente y que cumple con todos los requisitos de la ley vigente.
"La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley", sentencia el comunicado oficial. La entidad anticipó que la disputa se resolverá en el ámbito judicial, ratificando que el fútbol argentino no será cooptado por intereses empresariales.
