La Asamblea Nacional de Venezuela retomó este jueves el debate en segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que podría cambiar la situación de cientos de presos políticos, entre ellos los dos argentinos detenidos en el país caribeño: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.
El proyecto, que ya había recibido media sanción hace dos semanas, volvió al recinto luego de una ronda de consultas con sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos. Si se aprueba en esta segunda instancia, la ley quedará sancionada y comenzará su fase de implementación.
Los puntos que generan controversia
La semana pasada, el tratamiento de la ley se aplazó por diferencias en torno a un artículo que exige a los beneficiados presentarse ante los tribunales. Organismos como Acceso a la Justicia advirtieron que el texto presenta contradicciones, como el uso del término "extremismo" para referirse a los posibles amnistiados, lo que "presupone su responsabilidad penal".
Además, la ONG señaló un "claro conflicto de intereses" al atribuir la ejecución de la amnistía a los mismos tribunales y fiscales que, según denuncias internacionales, participaron en la represión de protestas y en procesos cuestionados.
¿Quiénes quedarían afuera?
La norma cubre delitos cometidos desde 1999, pero su artículo 6 limita el beneficio a diez períodos específicos de crisis política, desde el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez hasta las protestas posteriores a las elecciones de julio de 2024. Esto dejaría fuera a muchas personas consideradas presos políticos por organizaciones de derechos humanos.
El contexto de la discusión
El debate transcurre en un clima de alta tensión. Desde el sábado pasado, un grupo de mujeres familiares de presos políticos mantiene una huelga de hambre a las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes.
Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 644 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La cifra no incluye a los cientos de manifestantes que podrían haber sido liberados en los últimos meses.
La propuesta de amnistía se enmarca en lo que el oficialismo denomina un "nuevo momento político", impulsado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
