La reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional sufrió este jueves su primer fallo en contra. El juez Ricardo Gileta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, un apartado clave que regula la actualización de deudas en juicios laborales y que, según su aplicación, podía reducir entre un 20% y un 60% los montos finales a cobrar por los trabajadores en comparación con los criterios previos.
El polémico tope a los intereses
El artículo cuestionado establece un mecanismo de actualización basado en las tasas del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo estricto: inflación más un 3% anual. Además, fija un mínimo equivalente al 67% de ese cálculo. Esta fórmula buscaba aliviar la carga financiera de las empresas en litigio, pero fue señalada por el magistrado como una vulneración a los derechos adquiridos.
Tras el análisis del caso, el juez Gileta resolvió que queda "desechada la validez constitucional del artículo 55", marcando un precedente que podría desencadenar una ola de presentaciones similares en otros tribunales del país.
Los fundamentos: Igualdad y Ley de Contrato de Trabajo
En su resolución, el magistrado sostuvo que el capital original debe recalcularse según el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificado por la ley 27.082). Este esquema tradicional ajusta el monto por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y suma un 3% mensual desde la mora hasta el pago efectivo.
El argumento central del juez radica en que el artículo 55 introduce un tratamiento diferenciado y perjudicial para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la nueva norma. Para Gileta, esta distinción entre "juicios nuevos" y "procesos viejos" viola el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Nacional.
Consecuencias para los créditos laborales
A partir de esta resolución, el tribunal dispuso que los créditos laborales del caso en cuestión se actualicen bajo el criterio protectorio de la Ley de Contrato de Trabajo, ignorando los topes de la reforma. Este fallo representa un desafío directo a la "Ley de Modernización Laboral" y abre un interrogante sobre la estabilidad de otros artículos de la reforma que también son cuestionados por sectores gremiales y especialistas en derecho del trabajo.
