En un duro revés para sus aspiraciones de recuperar la libertad, la Justicia resolvió este miércoles prorrogar la detención de Ramiro Petros. El empresario, acusado de los delitos de estafa y amenazas, continuará tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra.
La contundente resolución fue dictada por la jueza de Control y Garantías, Dra. María del Huerto Bravo Suárez, tras una acalorada y extensa audiencia celebrada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) . El debate, que venía postergado desde el jueves pasado por la ausencia de la defensa, definió finalmente la situación procesal del imputado.
El cruce en la sala de audiencias
Durante la jornada judicial, el Ministerio Público Fiscal, representado por la Dra. Luciana Jacobo, mantuvo una postura inflexible: solicitó la prórroga del encierro argumentando que aún persisten vigentes los peligros procesales, fundamentalmente el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento al accionar de la Justicia.
En la vereda de enfrente, la abogada defensora Moira Curi se opuso tenazmente al requerimiento de la fiscalía. En su alocución, la letrada solicitó la excarcelación de Petros, ofreciendo el pago de una fianza y manifestando la total predisposición de su cliente para someterse a las medidas restrictivas de comportamiento que el tribunal considerara necesarias.
El fundamento de la jueza
Sin embargo, tras analizar los planteos de ambas partes, la magistrada Bravo Suárez se inclinó por los fundamentos del Ministerio Fiscal. En su resolución, consideró que los riesgos procesales señalados por la fiscalía no habían cesado y que, por lo tanto, correspondía mantener la medida cautelar más gravosa.
De esta manera, le bajó el pulgar a la defensa y confirmó que el empresario deberá seguir detenido, al menos hasta que se desarrollen nuevas instancias en la investigación o se modifiquen las condiciones que motivaron su prisión preventiva.
Un caso de alto perfil
La causa contra Petros ha captado la atención pública por la gravedad de las acusaciones y por el perfil del imputado. El empresario enfrenta cargos por una serie de estafas y amenazas que habría cometido en perjuicio de varias víctimas, aunque los detalles del expediente se mantienen bajo reserva.
Con esta decisión, la Justicia envía una señal clara sobre la evaluación de los riesgos procesales en un caso donde la libertad del acusado podría, según el criterio de la fiscalía y la jueza, entorpecer el curso de la investigación.
