Solo en montos hoy verificables de manera directa entre 2018 y 2023, MAPO SRL, empresa prestataria del servicio público de la Línea 4 de colectivos de La Banda, acumuló al menos $16.832.524,78. A eso se suma un dato fiscal delicado: la constancia de ARCA contempla la categoría de contribuyentes con impuestos dados de baja de oficio por el Decreto 1299/98, una situación que exige regularización. Y en el frente bancario, el propio BCRA incluye los cheques rechazados dentro de la Central de Deudores y de la Central de Cheques Rechazados.
En La Banda ya casi nadie discute el diagnóstico. Lo que discute, y con razón, es la impunidad del deterioro. Unidades castigadas, frecuencias flojas, espera interminable, viaje incómodo y una calidad de servicio que hace rato dejó de estar a la altura de una ciudad que necesita moverse para trabajar, estudiar, atenderse o simplemente vivir. El problema es que, frente a esa postal de abandono, los registros oficiales dicen otra cosa: que plata hubo. Y no poca.
Los cobros en concepto de subsidios del Estado, uno por uno, son una cachetada a cualquier excusa empresaria. En septiembre de 2018, MAPO figura con $59.990,37. En agosto de 2019, bajo la Resolución 437/19, con $85.000,00. En 2020, por la Resolución 276/2020, con $647.160,58. En abril de 2022, por la Resolución 263/22, con $1.457.556,40. En octubre de 2022, por la Resolución 401/22, con $1.842.968,58. Y en 2023 la secuencia se vuelve todavía más expresiva: $2.957.127,77 en abril, $2.773.970,61 en mayo, $3.574.324,51 en julio y $3.434.425,96 en agosto. La suma total es de $16.832.524,78 en compensaciones oficiales verificables. No es una ayuda simbólica. Es dinero público concreto, documentado y girado a una empresa que no logró traducirlo en una mejora visible para el pasajero.
Plata hubo. Servicio, no.
Ahí es donde la discusión deja de ser contable y se vuelve política. Porque si el Estado puso recursos y el usuario siguió viajando mal, entonces el problema ya no es la ausencia de fondos. Es el destino de esos fondos. Es la falta de inversión visible. Es la falta de control. Es la obscenidad de que el subsidio llegue a la empresa, pero no al pasajero, que es quien debería sentirlo en la frecuencia, en el estado de la unidad, en el mantenimiento, en la previsibilidad, en el respeto. Subsidio sin mejora es, en el mejor de los casos, ineficacia. Y en el peor, una burla.
Los cheques que también hablan
Como si el cuadro no fuera ya suficientemente áspero, el reporte del BCRA agrega otra capa de preocupación. En esa captura se observan cinco cheques rechazados por un total de $18.700.200: uno sin fondos por $4.750.200 y cuatro por defectos formales por $13.950.000. El BCRA explica que la Central de Cheques Rechazados es un informe consolidado remitido por las entidades financieras y que puede consultarse por CUIT, CUIL o CDI. También aclara que la información de cheques rechazados integra sus consultas públicas de situación financiera. O sea: no estamos ante un chisme bancario. Estamos ante un dato que, por su propia naturaleza, merece explicación pública cuando la firma involucrada opera un servicio esencial.
Aquí no hace falta inventar delitos ni sobreactuar hipótesis. Alcanza con mirar la secuencia completa. Una empresa que presta transporte público, que recibió subsidios oficiales y que aparece, además, con rechazos en un reporte bancario, ya no puede pretender que la sociedad mire para otro lado. Mucho menos cuando el servicio que brinda está lejos de traducir solvencia, previsibilidad o inversión. El vecino no tiene por qué saber leer una central bancaria. Pero sí sabe reconocer cuándo una empresa funciona bien y cuándo sobrevive a empujones. Y lo que se ve arriba del colectivo no parece precisamente salud empresaria.
El municipio ya no puede fingir distracción
La Municipalidad de La Banda no puede seguir actuando como si este fuera apenas un problema de colectivos obsoletos o de quejas vecinales. Tiene la obligación de decir si auditó frecuencias, si controló el estado real de la flota, si verificó el cumplimiento del servicio, si exigió contraprestaciones frente a la asistencia estatal y si conoce la situación financiera y fiscal de la empresa a la que le confía un servicio básico. Porque una concesión pública no es un favor político ni una rutina burocrática. Es una responsabilidad. Y si esa responsabilidad se administra con indulgencia, el que termina pagando es siempre el mismo: el usuario.
El Estado dice que hubo plata. El reporte bancario dice que hubo alertas. ARCA dice que hay situaciones que deben regularizarse. La calle, mientras tanto, dice que el servicio sigue siendo deficiente. Y cuando los papeles oficiales van por un lado y el pasajero por otro, ya no estamos frente a una mera deficiencia empresaria. Estamos frente a un sistema que naturalizó lo intolerable: subsidiar a una empresa sin lograr que el vecino viaje mejor.
Porque una cosa es ayudar al transporte. Otra, muy distinta, es financiar el deterioro.
