La tranquilidad de la ciudad de La Paz, Entre Ríos, se vio alterada por una amenaza que puso en vilo al Instituto Nuestra Señora de la Merced. El incidente se originó a partir de una inquietante inscripción hallada en el baño de mujeres del establecimiento, donde se leía la frase: “10/04/2026 Tiroteo”.
A este hallazgo se sumaron dos correos electrónicos de carácter intimidatorio enviados directamente a la casilla institucional del colegio. La gravedad del asunto motivó la intervención inmediata de la División Cibercrimen, cuyos especialistas lograron rastrear el origen digital de los mensajes. Gracias a estas pericias, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de una alumna de 16 años, señalada como la presunta responsable del hecho.
Procedimientos y secuestro de material
Durante el operativo policial en la vivienda de la adolescente, los efectivos procedieron al secuestro de un teléfono celular y una notebook. Estos dispositivos serán sometidos a peritajes técnicos exhaustivos para confirmar el vínculo directo con los correos enviados. Asimismo, se inspeccionó la mochila de la joven en el ámbito escolar, aunque no se hallaron armas ni elementos peligrosos en su interior.
La denuncia fue radicada por los directivos del instituto, quienes activaron los protocolos de seguridad de manera coordinada con la Policía, la Fiscalía y el Consejo General de Educación.
Impacto en la comunidad y medidas preventivas
El clima de tensión derivó en un alto ausentismo escolar durante los días posteriores a la amenaza, ante el temor lógico de padres y tutores. Para mitigar el riesgo y llevar calma a las familias, el establecimiento implementó una serie de medidas excepcionales:
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Ingresos escalonados: Organización de los horarios de entrada para mayor control.
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Acompañamiento: Recomendación de que los alumnos asistan junto a un adulto responsable.
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Custodia policial: Despliegue de agentes, incluso de civil, en las inmediaciones del edificio.
Desde el Instituto Nuestra Señora de la Merced informaron que se conformarán equipos especializados para trabajar junto a docentes y estudiantes en el abordaje psicológico y social de la situación. Mientras la causa judicial avanza, las autoridades educativas buscan reforzar los canales de prevención para evitar que este tipo de conductas, que generan pánico masivo, vuelvan a repetirse.
