La Justicia de Mendoza ordenó dar marcha atrás con la quita de medicamentos gratuitos a los jubilados, en un fallo que tiene vigencia en todo el territorio argentino. La medida surge a partir de una causa impulsada por la Asociación Jubypen y establece que los ingresos por jubilación y pensión ya no deberán sumarse para determinar el umbral de acceso al beneficio.
Hasta esta resolución, los afiliados que percibían dos beneficios mínimos quedaban excluidos de la cobertura total al superar el tope de un haber y medio. Con el nuevo esquema judicial, quienes cobran ambos beneficios recuperarán la cobertura del 100%, corrigiendo la situación de vulnerabilidad generada por el ajuste de la administración libertaria sobre el sector previsional.
Ya no se sumarán los montos de jubilación y pensión, detalla el fallo, permitiendo que quienes perdieron a su compañero de vida recuperen la asistencia farmacéutica. Además, la Justicia dispuso el refuerzo del listado de medicamentos esenciales y la reducción de requisitos burocráticos para los afiliados al PAMI, quienes ahora solo deberán presentar la solicitud correspondiente.
Imputaciones a funcionarios
En paralelo a la resolución, la Justicia imputó al titular de PAMI nacional, Esteban Leguizamo, y al titular en Mendoza, David Litvinchuck, por el delito de desobediencia. La acusación se basa en la falta de entrega de los fármacos bajo la premisa de universalidad y acceso simplificado que rige para los adultos mayores.
El fallo representa un desafío directo a la política de ajuste fiscal que el Ejecutivo nacional aplicó sobre los sectores más vulnerables. Analistas judiciales remarcan que esta decisión busca garantizar el derecho a la salud por encima de los criterios de austeridad económica planteados desde la Casa Rosada.
A partir de esta medida, se espera que el organismo nacional deba readecuar sus sistemas de liquidación para reintegrar de forma inmediata los beneficios de gratuidad a los miles de jubilados afectados en todo el país.
