La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó este miércoles la suspensión del proceso de discovery en el marco del litigio por la expropiación de YPF. Esta decisión técnica, que tiene vigencia hasta que se resuelva la apelación de fondo, impide que los fondos demandantes continúen identificando bienes y activos del Estado argentino que pudieran ser sujetos a embargos para cubrir la condena de US$ 16.000 millones.
Desde la Oficina del Presidente, calificaron la noticia como un "hito histórico" en la defensa de la soberanía económica nacional. Según el comunicado oficial, la resolución refleja un reconocimiento de los tribunales estadounidenses a los fundamentos jurídicos presentados por la Argentina, en un proceso que ya lleva más de 12 años de trámite y un fuerte impacto reputacional para el país.
¿Qué implica la suspensión del discovery?
El procedimiento de discovery es una etapa en la que los acreedores, ante la falta de pago, exigen información detallada al Gobierno para individualizar activos embargables. Los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por el bufete Burford, habían solicitado acceso a correos electrónicos, chats y comunicaciones oficiales de funcionarios de alto rango, una demanda que la Procuración del Tesoro consideró excesiva.
Hasta el momento, la defensa argentina ya había producido 115.000 páginas de documentación y facilitado más de 37 horas de testimonios. Sin embargo, los demandantes sostenían que el proceso debía continuar debido a que el país no depositó las garantías fijadas inicialmente por la jueza de primera instancia. Con este nuevo fallo, la presión sobre los activos locales se congela temporalmente.
Una defensa con mayor rigor técnico
El presidente Javier Milei destacó el trabajo coordinado de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro y la Cancillería. En particular, el mandatario agradeció la labor de los funcionarios María Ibarzabal, Sebastián Amerio, Juan Stampalija y Pablo Quirno, señalando que la estrategia actual se apoya en un rigor técnico que no se había visto en etapas anteriores del juicio.
El Gobierno aseguró que continuará ejerciendo "con firmeza" su derecho a la defensa y que desplegará todas las herramientas jurídicas disponibles para resguardar los intereses nacionales. Aunque la condena de fondo sigue vigente y en proceso de revisión, la suspensión de los procedimientos de ejecución representa un alivio financiero y político para la administración actual en su frente externo.
