La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina manifestó su expreso rechazo al proyecto de ley actualmente en tratamiento en el Congreso, que propone modificar el Régimen Penal Juvenil mediante la reducción de la edad de punibilidad.
Según el comunicado difundido por la organización, insistir en disminuir la edad de punibilidad “no constituye una respuesta novedosa ni eficaz frente al delito juvenil” y representa un regreso a una lógica punitiva simplificadora que confunde el castigo con la seguridad, ignorando las particularidades jurídicas, subjetivas y estructurales de la niñez y la adolescencia.
Los jueces señalaron que la baja de la edad de punibilidad funciona como un efecto placebo desde la política criminal: genera la apariencia de acción estatal sin producir mejoras reales en la seguridad pública. Además, advierten que supone una operación simbólica de gravedad, al negar a la niñez como categoría jurídica relevante y transformar conflictos sociales protagonizados por adolescentes en problemas exclusivamente penales, con sanciones diseñadas para adultos.
“El derecho penal moderno establece que no todos los sujetos se encuentran en idéntica posición frente al poder punitivo del Estado. La infancia y la adolescencia requieren un tratamiento diferenciado, no como privilegio, sino como consecuencia de su menor autonomía psíquica, social y jurídica”, explicó el comunicado.
La Red de Jueces y Juezas remarcó que reducir la edad de punibilidad contradice los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen sistemas especializados con finalidades distintas a la mera retribución penal, enfocándose en la reinserción y la responsabilidad progresiva.
Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal cuentan con respuestas jurisdiccionales provinciales, incluyendo procesos, medidas y sanciones que pueden implicar privación de libertad en centros socioeducativos, como ocurre en Buenos Aires, Tucumán y Entre Ríos.
El documento concluye que bajar la edad de punibilidad no constituye una solución, sino una renuncia del Estado a implementar políticas públicas integrales. Los jueces instan a los legisladores a que el nuevo Régimen Penal Juvenil armonice el derecho penal juvenil con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo límites máximos a la prisión y revisión periódica de sanciones privativas de libertad.
