La denuncia ya no sale solamente de los afiliados que peregrinan de oficina en oficina. Ahora también salió del propio ámbito médico. El 14 de abril de 2026, el Consejo Médico de Santiago del Estero difundió un pronunciamiento con un título imposible de relativizar: "La salud de nuestros mayores está en riesgo". En ese texto alertó sobre una situación "crítica" que compromete la atención de afiliados de PAMI en la provincia y advirtió por la continuidad de las prestaciones para adultos mayores. Cuando una entidad médica sale a decir públicamente que la salud de los jubilados está en riesgo, la burocracia deja de ser una molestia y empieza a parecerse demasiado al abandono.
Hay abandonos que no necesitan un portazo. Les alcanza con una demora. Con una auditoría eterna. Con una derivación absurda. Con un teléfono que no responde. Con una oficina que manda a otra. Con un trámite que nunca termina de completarse. Así funciona, para demasiados afiliados, la maquinaria cruel de PAMI cuando lo que está en juego no es un beneficio accesorio, sino un medicamento, un pañal, una sonda, un suplemento o cualquier otro insumo vital.
Lo más siniestro de este mecanismo es que no necesita decir "no" de frente. Le basta con hacer algo todavía peor: desgastar. Patear. Dilatar. Marear. Empujar al afiliado a una calesita burocrática interminable hasta quebrarlo por cansancio, por enfermedad o por desesperación. No es una falla menor del sistema. Para demasiados jubilados, el sistema es precisamente eso: una fábrica de excusas montada sobre la fragilidad de quienes menos fuerza tienen para pelear.
Ya no gritan solo los pacientes desde la impotencia. También hablan los médicos. También alertan las instituciones profesionales. También se encienden las luces rojas en la propia estructura de atención. Y cuando el reclamo deja de ser individual y pasa a ser institucional, cuando ya no habla solo el afiliado, sino también quienes tienen que sostener el sistema, la excusa burocrática empieza a derrumbarse sola. Lo que queda al desnudo es algo mucho más brutal: un mecanismo que está asfixiando tanto a quienes necesitan atención como a quienes deben brindarla. Esa es una inferencia periodística razonable a partir del comunicado del Consejo Médico y de la cobertura reciente sobre la crisis de prestaciones en PAMI.
A un adulto mayor no se lo destruye solamente negándole una prestación. También se lo destruye obligándolo a mendigarla. Haciéndolo volver una y otra vez con el mismo papel. Exigiéndole trámites absurdos a alguien que apenas puede caminar, escuchar, ver o entender los laberintos digitales con los que hoy se pretende reemplazar la obligación básica de atender y resolver.
Lo intolerable es que todo esto ocurra bajo la cobertura de una institución que fue creada para proteger. PAMI debería ser un escudo para los jubilados. Pero demasiadas veces funciona como una muralla. No contiene: expulsa. No agiliza: empantana. No resuelve: deriva. Y así, lo que tendría que ser una herramienta de cuidado termina operando como un dispositivo de castigo.
No hay cinismo más brutal que volver administrativo el sufrimiento ajeno. Convertir una urgencia médica en un número de trámite. Traducir la desesperación de una familia en una observación burocrática. Responderle a alguien que necesita seguir respirando, alimentándose, higienizándose o sosteniendo un tratamiento con frases de manual, plazos difusos y circuitos que no terminan nunca. Esa deshumanización es el verdadero escándalo. Porque cuando una persona necesita algo vital, todo lo que no sea una solución rápida se parece demasiado al abandono.
Y no, no alcanza con esconderse detrás de la palabra "demora". La demora puede matar. La demora puede triturar la dignidad de un jubilado y convertir a una familia entera en rehén de una estructura que parece diseñada no para asistir, sino para resistir hasta el límite el cumplimiento de sus obligaciones. En esos casos, la burocracia deja de ser desorden o ineficiencia. Se vuelve crueldad organizada.
Lo peor es que este mecanismo ni siquiera humilla de una sola vez. Humilla por etapas. Humilla en cuotas. Humilla con una sonrisa de mostrador y una respuesta vacía. Humilla cuando promete y no cumple. Humilla cuando pide paciencia a quien ya no tiene tiempo. Humilla cuando somete a personas mayores a un recorrido absurdo entre delegaciones, líneas telefónicas, aplicaciones, auditorías y oficinas donde nadie se hace cargo de nada, pero todos tienen una excusa lista.
Así, el afiliado queda atrapado en el peor de los mundos: demasiado enfermo para seguir insistiendo, demasiado necesitado para rendirse, demasiado invisible para que el sistema sienta vergüenza. Y en ese infierno silencioso, PAMI no aparece como un organismo protector, sino como una maquinaria que licúa la urgencia hasta volverla costumbre. Una maquinaria que naturaliza que un jubilado espere semanas o meses por lo que necesita ahora. Una maquinaria que, en los hechos, administra el abandono.
No se trata de casos aislados ni de un mal día en una oficina. Se trata de una lógica. La lógica de patear hacia adelante lo urgente. La lógica de sospechar del afiliado antes que asistirlo. La lógica de convertir cada derecho en una carrera de obstáculos. La lógica de un organismo que parece haber olvidado algo elemental: que detrás de cada formulario hay una vida que no puede ponerse en pausa.
Y cuando una institución pierde de vista eso, ya no estamos ante un simple problema de gestión. Estamos ante una degradación moral. Porque negar o dilatar insumos y medicamentos vitales no es apenas incumplir. Es exponer. Es castigar. Es dejar a una persona sola frente a su dolor mientras del otro lado del mostrador se perfecciona el arte miserable de no resolver.
PAMI no puede alegar sorpresa. Sabe perfectamente quiénes son sus afiliados. Sabe que trabaja con personas mayores, con enfermos crónicos, con pacientes frágiles, con familias agotadas. Sabe que muchas de esas personas no tienen resto físico, emocional ni económico para soportar el viacrucis burocrático que les imponen. Y aun así, la rueda sigue girando. La excusa sigue circulando. El expediente sigue durmiendo. La prestación sigue sin aparecer.
El pronunciamiento del Consejo Médico santiagueño vino a romper, además, el cómodo relato de que todo se reduce a problemas administrativos menores. Si una entidad profesional habla de una situación "crítica" y del riesgo concreto sobre la atención de los mayores, entonces ya no hay maquillaje posible. Lo que está en discusión no es la prolijidad de un circuito interno. Lo que está en discusión es la salud de personas mayores que dependen de prestaciones que no pueden esperar.
Por eso ya no alcanza con hablar de "fallas", "demoras" o "inconvenientes". Esas palabras se quedan cortas. Sirven para edulcorar una realidad brutal. Lo que muchos afiliados padecen es abandono. Abandono administrativo, sanitario y humano. Abandono envuelto en formalidades, para que parezca menos cruel. Pero el resultado es el mismo: dejar desprotegido al que más necesita cuidado.
Un país se mide también por cómo trata a sus viejos. Y cuando obliga a un jubilado a suplicar por un pañal, por una sonda, por una bolsa, por un suplemento o por un medicamento que necesita para seguir viviendo, no está fallando en un detalle. Está fracasando en lo esencial.
Porque cuando el sistema convierte el derecho en tortura, el trámite en castigo y la espera en sufrimiento, ya no hay eufemismo que alcance. Eso no es burocracia. Eso es abandono.
