Por Xavier María Ferrera Peña
En tiempos donde el empleo se vuelve más precario y la informalidad se naturaliza, una provincia que invierte en oficios y terminalidad educativa está haciendo algo más que “capacitar”: está sosteniendo una red de pertenencia y futuro.
Hay políticas públicas que no hacen ruido, no se viralizan y no entran en el ring del griterío. Pero cuando funcionan, se notan en lo más simple: un pibe que vuelve a estudiar, una chica que aprende un oficio, una familia que deja de sentir que todo es cuesta arriba. En Santiago del Estero, el programa Santiago Crece con Vos se mete de lleno en esa cancha: La de la inclusión social entendida como algo concreto, medible y cotidiano, no como un eslogan.
Una política con base en el territorio
La iniciativa apunta a jóvenes de 18 a 35 años, con un esquema de cursado previsto para iniciar en abril e inscripciones online este mes, y con un dato clave para la vida real: Un estímulo mensual pensado para cubrir gastos de traslado y materiales. No es un detalle menor porque en muchas casas, el curso no se abandona por falta de ganas, sino por falta de plata para el colectivo, herramientas o insumos.
La idea, además, no se queda en la Capital. Se arma con lógica territorial, articulando con municipios y con instituciones que ya tienen presencia y experiencia. Participan el Ministerio de Educación de la Provincia, el Consejo de Educación, el ITSE, y también universidades como la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la UCSE. Esa alianza es importante porque rompe el falso dilema entre “academia” y “oficio”: Hoy un buen oficio necesita técnica, seguridad, actualización y certificación.
Y hay un segundo componente que, en términos de inclusión, vale oro. El programa también contempla la terminalidad del secundario en paralelo para quienes no lo completaron. Es decir, no se limita a entrenar “para ya”, sino que busca reparar una deuda estructural: sin secundario, el mercado te empuja —cuando hay empuje— hacia la changa eterna.
Formar no es “asistir”: es abrir puertas
En Argentina, el problema no es solo “conseguir trabajo”, sino conseguir trabajo con derechos. Y ahí aparece el elefante en la habitación, que es la informalidad. Un informe del IIEP (UBA–CONICET) marca que la tasa de informalidad fue 43,2% en el segundo trimestre de 2025 (último dato disponible citado allí): 4 de cada 10 trabajadores, afuera de la cobertura laboral y de seguridad social.
A la vez, el INDEC mostró que la desocupación del tercer trimestre de 2025 fue 6,6%, pero con un contexto donde crecen formas de empleo más frágiles y el peso de los cuentapropistas.
En ese mapa, un programa de oficios bien diseñado es una herramienta de movilidad social. No porque “resuelva todo”, sino porque reduce el salto entre el deseo y la posibilidad. Oficios tradicionales, áreas tecnológicas, habilidades blandas: La mezcla está bien pensada porque el mundo del trabajo ya no premia solo “saber hacer”, sino también sostener rutinas, trabajar en equipo, cumplir, comunicar, emprender.
El contraste con Nación: Cuando el ajuste se convierte en expulsión
El problema es que, mientras algunas provincias apuestan a ampliar capacidades, desde el nivel nacional predomina otra lógica: La del recorte como mensaje y la reducción del Estado como identidad. Eso puede presentarse como “orden”, “eficiencia” o “focalización”. Pero en la práctica muchas veces se traduce en algo más tosco. Familias que quedan a la intemperie y jóvenes que pasan de “proyecto” a “supervivencia”.
Un ejemplo sensible es el de los subsidios energéticos. En enero de este año se oficializó un esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con registro, criterios de inclusión y también criterios de exclusión que pueden derivar en rechazos o bajas del beneficio, incluso más allá del ingreso declarado, a partir de indicadores patrimoniales. Dicho en criollo: Se refuerza la lógica del “quién merece” y se multiplican instancias donde la gente puede quedar afuera por criterios, cruces o trámites.
Además, el propio esquema prevé bonificaciones que se van reduciendo a lo largo del año, lo que impacta en el bolsillo de hogares que ya vienen ajustados.
Otro ejemplo: La licuación de becas y el deterioro de políticas de acompañamiento educativo. Un informe de CEPA sobre Progresar señala una caída presupuestaria real fuerte en 2024 respecto de 2023 y proyecta nuevas reducciones, además de mostrar el derrumbe del valor real de la beca en el período reciente.
Y si ampliamos el plano, también hay análisis que, citando a ASAP y CEPA, describen recortes importantes en programas sociales y gasto público social en el período 2023–2025.
¿Se puede discutir la eficiencia del Estado? Claro que sí. ¿Se puede mejorar la administración? Obvio. El punto es otro: cuando la discusión se vuelve binaria (“Estado malo / mercado bueno”), el resultado suele ser una sociedad más desigual donde el que tiene red cae parado y el que no, se rompe.
