El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, profundiza la reestructuración de la administración pública nacional. El ministro Federico Sturzenegger lidera el proceso que apunta a una nueva reducción de personal, la cual se materializaría a finales del mes de marzo como parte del plan de ajuste fiscal.
Si bien desde la cartera ministerial han evitado brindar cifras oficiales sobre el impacto de la medida, fuentes cercanas al Ejecutivo estiman que el recorte alcanzaría los cinco mil cargos. La revisión se centra principalmente en contratos de locación de servicios y personal transitorio cuyas funciones se consideran redundantes dentro de la nueva estructura estatal.
Ajuste y transformación administrativa
La tarea de Sturzenegger se enmarca en la ley de emergencia que otorga facultades para disolver o fusionar organismos descentralizados. Este proceso de "motosierra" administrativa busca reducir el déficit mediante la eliminación de jerarquías intermedias y la simplificación de procesos burocráticos, afectando diversas áreas de la Administración Pública Nacional (APN).
La fecha límite de finales de marzo es clave, ya que coincide con el vencimiento de numerosas contrataciones temporales que fueron prorrogadas a finales del año pasado. La incertidumbre crece en las dependencias estatales de todo el país, incluyendo las delegaciones nacionales con sede en Santiago del Estero, ante la falta de precisiones sobre los sectores afectados.
Repercusiones en los gremios
Los sindicatos del sector público, como ATE y UPCN, ya manifestaron su estado de alerta ante lo que consideran un desmantelamiento de capacidades estatales críticas. Los gremialistas advierten que la baja de estos contratos podría resentir la atención en áreas sensibles de asistencia social y control administrativo en las provincias.
Desde el entorno presidencial ratificaron que no habrá marcha atrás con el objetivo de déficit cero. La "motosierra" se mantiene como la herramienta central de gestión para el primer trimestre del 2026, consolidando un modelo de Estado más compacto y enfocado exclusivamente en funciones básicas determinadas por la actual gestión económica.
