La combinación de una natalidad en caída libre y un acelerado envejecimiento poblacional puso en alerta a todo el sistema de protección social argentino. Los datos son contundentes: la tasa de fecundidad cayó de 2,4 hijos por mujer en 2010 a 1,5 en 2023, muy por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo poblacional . En la última década, los nacimientos se redujeron cerca del 40% y los hogares sin hijos ya superan a aquellos con menores a cargo .
Este cambio demográfico silencioso implica que, en pocos años, habrá menos trabajadores activos para sostener a una población que vive más años. La esperanza de vida en Argentina es de 77,3 años, superior al promedio mundial y regional . El resultado es un sistema previsional cada vez más tensionado: hoy se estima que hay menos de 1,5 aportantes por cada jubilado, cuando el mínimo necesario para sostener el sistema sin déficit ronda los 3 .
La socióloga Sol Prieto, docente de la UBA, advierte que el problema no es que falten nacimientos, sino que "sobran esquemas pensados para un país que ya no existe". Las instituciones de bienestar social están desactualizadas frente a la nueva realidad demográfica .
El sistema de reparto en jaque
El modelo previsional argentino es un sistema de reparto: los aportes de los trabajadores activos financian las jubilaciones de los pasivos. Este esquema funcionó mientras la pirámide poblacional era ancha en la base (muchos jóvenes) y angosta en la cúspide (pocos ancianos). Pero esa pirámide se invirtió .
El economista Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC y especialista en demografía, explica que el sistema argentino tiene virtudes (amplia cobertura, niveles de beneficio superiores a otros países de la región) pero también graves problemas: es caro, injusto e ineficiente. Gasta mucho (más del 9,3% del PBI) pero al jubilado le llega poco, y trata de manera desigual a personas con trayectorias laborales similares .
Un dato revelador: el 73% de los jubilados argentinos accedieron a sus haberes a través de moratorias, lo que transformó al sistema en un esquema de distribución sin respaldo contributivo . A esto se suma una informalidad laboral que ronda el 45%, lo que reduce aún más la base de aportantes .
Los regímenes de excepción: un gasto millonario
Uno de los puntos más conflictivos del sistema es la multiplicidad de regímenes de excepción. Según un informe de CIPPEC elaborado por Rofman, el 43% de las jubilaciones se otorga a través de estos esquemas, que representan el 59,1% del gasto previsional total (5,2% del PBI) .
Estos regímenes incluyen desde sistemas diferenciales (para tareas insalubres o riesgosas) hasta especiales para docentes, magistrados, fuerzas de seguridad y cajas provinciales. En promedio, sus haberes son un 93% superiores a los del régimen general .
Rofman señala que "los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzarían para financiar la totalidad del gasto educativo nacional y provincial". Muchas de estas excepciones se justifican "sin suficiente sustento empírico" y suelen depender más de la capacidad de presión política que del mérito individual .
Escenarios posibles: las reformas en debate
Ante este panorama, especialistas y organismos coinciden en que se necesitan reformas estructurales. Los escenarios en discusión incluyen:
1. Aumento gradual de la edad jubilatoria
Rofman propone un "corrimiento" progresivo: un mes por año, de modo que la edad mínima se ajuste en línea con el aumento de la expectativa de vida. "A nadie le decís 'usted tiene que esperar cuatro años más'. Quizá sean dos meses más", explica . El economista Álvaro Bañón (España) sintetiza el dilema: "No podemos pretender jubilarnos a los 65 y cobrar 35 años de pensión, eso no es sostenible" .
2. Reformulación del financiamiento
Una de las propuestas que circula es desvincular el sistema previsional del empleo formal, creando un esquema de financiamiento universal basado en el consumo o el valor generado, en lugar de depender exclusivamente del salario registrado . El debate sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en la reforma laboral reavivó la discusión sobre el posible "desfinanciamiento" de la ANSES .
3. Universalización con proporcionalidad
Rofman plantea un doble parámetro: todo adulto mayor argentino tendría derecho a una protección económica básica por el solo hecho de ser ciudadano y alcanzar determinada edad. Quienes hayan realizado aportes a lo largo de su vida, recibirían un beneficio proporcional a lo contribuido .
4. Eliminación progresiva de regímenes de excepción
El especialista de CIPPEC sostiene que se debería avanzar hacia "un esquema único nacional, con prácticamente ninguna excepción". Reconoce que cualquier reforma tendrá impacto tangible "después de décadas" debido a los derechos adquiridos, pero considera que es "un paso imprescindible hacia la consolidación de un sistema más justo, inclusivo y sostenible" .
5. Fomento del ahorro privado
Otra línea es promover planes de ahorro compartidos entre empresas y empleados, seguros de retiro y otros vehículos de inversión de largo plazo. Jacqueline Maubré, directora de Pension & benefit de Criteria, destaca que el modelo pasaría de uno de "beneficio definido" (el trabajador sabe cuánto va a cobrar) a otro de "contribución definida" (aporta una suma fija pero desconoce el beneficio final), lo que requiere "educación financiera" .
El factor político: un debate postergado
Pese a la urgencia demográfica, el sistema previsional argentino acumula décadas de postergación. "Durante décadas, el Estado no promovió la natalidad, el envejecimiento activo ni el empleo formal. Se subsidió la inacción y se castigó a quien produce", señala un análisis de Infobae .
El economista Hernán Letcher, director del CEPA, advierte que el debate sobre el financiamiento del sistema "probablemente derive en una propuesta de privatización del sistema previsional" . Mientras, desde el Gobierno, Javier Milei incluyó la reforma previsional dentro de las "reformas de segunda generación" a impulsar en 2026, aunque el foco actual está puesto en la reforma laboral .
Una bomba de tiempo
Los especialistas coinciden en que el tiempo se agota. "El futuro no colapsará. Ya colapsó. Solo queda evaluar los daños y buscar la forma de retomar la buena senda", sentencia el artículo de Infobae . Rofman, en cambio, mantiene una visión más optimista: "Es posible una reforma sustentable" si se encaran los cambios con gradualidad, eficiencia y transparencia .
Lo cierto es que, mientras la política demora las decisiones, la matemática sigue su curso: menos nacimientos, más viejos, menos aportantes. La pregunta no es si habrá reforma, sino cuándo y con qué costo social.
