En una decisión de alto impacto internacional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la YPF y del Estado argentino en el juicio por la expropiación de la compañía, dejando sin efecto la condena que obligaba al país a pagar más de 16.100 millones de dólares.
El tribunal revocó el fallo dictado en primera instancia por la jueza Loretta Preska, quien en 2023 había determinado que la Argentina incumplió el estatuto de la empresa durante el proceso de estatización de 2012, llevado adelante bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Con esta resolución, además, se confirmó que la propia YPF no tiene responsabilidad en el caso, tal como ya se había establecido previamente. De esta manera, el país evita una de las mayores condenas económicas de su historia reciente.
El litigio se inició en 2015 a partir de demandas impulsadas por fondos que adquirieron los derechos de empresas que eran accionistas minoritarios, entre ellas Petersen Energía y Petersen Inversora. En 2023, el fallo adverso de primera instancia había generado preocupación por el impacto que una indemnización millonaria podría tener sobre las cuentas públicas.
Durante la apelación, la defensa argentina planteó que el caso debía resolverse en tribunales locales y cuestionó la interpretación de la normativa argentina realizada por la jueza Preska. También sostuvo que, en caso de confirmarse una condena, el monto debía recalcularse con otro criterio cambiario, lo que reduciría significativamente la cifra.
Si bien el fallo representa un fuerte alivio para el Estado, aún existe la posibilidad de que las partes recurran a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, especialistas consideran poco probable que el caso sea tomado por ese tribunal.
La decisión marca un giro trascendental en un proceso judicial seguido de cerca por los mercados y el ámbito político, y abre un nuevo escenario para la Argentina en uno de los litigios internacionales más relevantes de los últimos años.
