Escándalo internacional: denuncian a Julio Iglesias por abuso sexual

Dos exempleadas del cantante lo acusaron de agresiones sexuales, violencia psicológica y un régimen de control extremo en propiedades ubicadas en el Caribe y Europa. La denuncia fue presentada ante la Justicia española. Una investigación periodística de tres años sacó a la luz graves acusaciones contra el cantante Julio Iglesias. Dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, denunciaron haber sido víctimas de un patrón sistemático de abuso sexual, violencia física y psicológica mientras trabajaban como empleadas internas en residencias del artista durante 2021, en República Dominicana y Bahamas. Según los testimonios, ambas jóvenes extranjeras vivían bajo un régimen de control estricto, sin salidas libres ni contacto con el exterior. Relataron que sus teléfonos eran revisados con frecuencia y que estaban sometidas a vigilancia constante. Rebeca describió el entorno laboral como “la casita del terror”, en referencia al clima de aislamiento y temor permanente. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España bajo las figuras de trata de seres humanos y agresión sexual, con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. Además del cantante, la acusación incluye a dos encargadas de las propiedades como presuntas cómplices. La nacionalidad española de Iglesias habilita la intervención judicial, pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del país. Los relatos describen una escalada de violencia que comenzó con comentarios sexuales y derivó en tocamientos, amenazas y episodios de agresión. Rebeca denunció penetraciones digitales, bofetadas y coerción emocional, mientras que Laura, contratada como fisioterapeuta, relató besos forzados y propuestas sexuales reiteradas. Ambas señalaron que el miedo a no ser creídas frente a una figura de alcance mundial fue determinante para su silencio inicial. Uno de los aspectos más alarmantes del caso refiere a presuntos exámenes ginecológicos y pruebas de ETS impuestos sin justificación laboral, interpretados por las denunciantes como una forma de control y abuso de poder. También indicaron que personal jerárquico habría facilitado y encubierto las situaciones denunciadas. Tras dejar sus empleos, las mujeres manifestaron haber sufrido severas secuelas psicológicas, como ansiedad y depresión. Sus abogadas solicitaron medidas de protección para preservar su identidad, al considerar que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y temen represalias. La causa ahora queda en manos de la Justicia, que deberá evaluar las pruebas y avanzar en la investigación.