El primer mes de 2026 dejó una señal de alerta para las finanzas provinciales. En medio del debate legislativo por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que contempla una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, la coparticipación federal registró en enero una caída real interanual de -7,5%, calculando la inflación del mes en 2%.
El dato se conoce en plena negociación de los gobernadores dialoguistas y aliados con la Casa Rosada para garantizar compensaciones ante la pérdida de recursos que implicaría la aplicación de los cambios en la legislación laboral.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los recursos de origen nacional transferidos a las provincias retrocedieron -6,2% real interanual en enero, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos mostró un deterioro mayor (-7,5%). El informe subrayó que la contracción se explicó principalmente por el desplome del IVA, que cayó -11,3% real, en un contexto de debilidad del consumo y la actividad.
El diagnóstico coincidió con el relevamiento de Politikon Chaco, que describió el inicio de año como uno de los peores en materia de envíos automáticos. Según ese informe, el total de transferencias automáticas ascendió a $5,8 billones, con una suba nominal insuficiente para compensar la inflación, lo que derivó en una merma real de -6,7%. En términos históricos, enero de 2026 fue el segundo peor desde al menos 2017, solo por encima del registro de 2024.
La baja fue generalizada. Las 24 jurisdicciones recibieron menos recursos en términos reales. Salta (-4,3%) y Buenos Aires (-5,5%) exhibieron los descensos más leves, mientras que Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires (ambas -8%) encabezaron las caídas. En el caso de la coparticipación pura, que concentra el grueso de los envíos, la contracción fue aún más marcada, con una baja real cercana al -8%, según Politikon.
El peso de Ganancias y el foco del conflicto fiscal
El retroceso de enero se dio con un comportamiento dispar de los principales impuestos coparticipables. Mientras Ganancias mostró una mejora marginal, insuficiente para revertir el resultado general, el IVA volvió a ubicarse como el principal factor de arrastre negativo, según coincidieron ambos informes. En conjunto, ambos tributos explican cerca del 95% de la masa coparticipable, por lo que cualquier modificación en su estructura tiene un impacto directo sobre las cuentas provinciales.
Ese punto es el eje de la discusión política. El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo incluye, en sus artículos 190 y 191, una reducción de alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias. Ambos son coparticipables, por lo que la baja impactaría de lleno en los ingresos de las provincias.
Un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel estimó que la pérdida total de recaudación ascendería a $3,1 billones en 2026, equivalente a 0,3 puntos del PBI. De ese total, $1,7 billones corresponderían a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal.
La provincia de Buenos Aires encabezaría el ranking de pérdidas, con una merma proyectada de $30.546 millones por mes, lo que equivale a $366.557 millones en todo el año. Santa Fe se ubicaría en segundo lugar, con $148.698 millones anuales, seguida por Córdoba, con $145.240 millones. Ninguno de esos tres gobernadores figura, por ahora, en la agenda de reuniones de negociación que abrió el Gobierno.
Gobernadores dialoguistas y reclamos de compensación
Frente a ese escenario, los mandatarios provinciales endurecieron su posición. Los planteos se enfocaron en la necesidad de compensaciones para sostener el funcionamiento de los Estados subnacionales. “Buscamos alternativas, compensaciones para no seguir resignando fondos”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz al salir de una reunión con Diego Santilli.
En concreto proponen que el Gobierno vuelva a coparticipar el impuesto al cheque, un reclamo que vienen reforzando a la par de las obras públicas frenadas desde que asumió Milei, especialmente las “viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo”, sostienen.
Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) confirmaron que sobre la mesa de negociaciones están esos “mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los Estados provinciales y los servicios esenciales”.
Sáenz, Jaldo y Jalil condicionaron su apoyo a la reforma laboral a la implementación de esos mecanismos. Una postura similar que se repite en otras jurisdicciones con gobernadores con buen vínculo con la Casa Rosada.
En tanto, el espacio de Provincias Unidas, donde confluyen Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), reclama un debate punto por punto y sin apuro legislativo. Sostienen que no dependen de los ATN como otras jurisdicciones y tienen una lista de reclamos para Milei. Una posición similar adoptaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).
El acompañamiento de los mandatarios provinciales es clave para el oficialismo, especialmente en el Senado, una cámara donde el peso de los gobernadores es determinante.
Transferencias discrecionales en mínimos históricos
Además del deterioro de la coparticipación, enero dejó otro dato crítico para las provincias: el fuerte recorte de las transferencias no automáticas. Según el informe de Politikon, los envíos discrecionales totalizaron $39.491 millones, lo que representó una caída real interanual de -65,4%. Se trató del segundo peor enero desde 2005, solo por encima del registro de 2024.
El informe precisó que casi la totalidad de esos recursos se concentró en dos conceptos. Las transferencias a cajas previsionales provinciales y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) explicaron el 98,8% del total distribuido en el mes. Cinco provincias concentraron prácticamente todos los fondos: Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Chubut y Corrientes.
Desde una mirada más estructural, CEPA advirtió que la fragilidad del esquema se agrava por el alto nivel de dependencia que tienen muchas provincias de los recursos tributarios de origen nacional. En promedio, estos ingresos explican el 54% del total de los recursos provinciales, con un 44,8% correspondiente exclusivamente a la coparticipación. En distritos como Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, La Rioja y Catamarca, esa dependencia es sensiblemente mayor.
El informe también remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en 2024, en enero de 2026 la recaudación nacional ya no contó con el efecto compensador de tributos no coparticipables, como el Impuesto PAIS o los derechos de exportación. Con esos ingresos en retroceso o sin impacto estadístico, la caída de IVA y el estancamiento de Ganancias se trasladaron de manera casi directa a las finanzas provinciales.
En ese contexto, CEPA concluyó que el inicio de 2026 combinó tres factores de presión simultánea sobre las provincias: menor coparticipación, derrumbe de las transferencias discrecionales y ausencia de impuestos nacionales no coparticipables que amortigüen el impacto. Un escenario que vuelve más sensible cualquier modificación en los tributos compartidos y explica la resistencia de los gobernadores a avanzar sin garantías fiscales.
