El escenario político provincial se recalentó este jueves tras las definiciones del gobernador Elías Suárez en sus plataformas oficiales. En sintonía con lo expresado previamente por el senador Gerardo Zamora, el titular del Ejecutivo santiagueño desestimó las versiones que adjudican los aumentos en las boletas de luz a decisiones de la provincia. "No hay ningún impuesto provincial nuevo", sentenció Suárez, buscando disipar la polémica sobre la carga tributaria local.
Según el análisis del mandatario, la raíz del conflicto tarifario reside en la drástica quita de subsidios ejecutada por el Gobierno nacional. Suárez argumentó que esta medida macroeconómica deriva inevitablemente en "aumentos exorbitantes" que desestabilizan la economía doméstica y erosionan el poder adquisitivo de los ciudadanos en un contexto de alta volatilidad.
El impacto del endeudamiento familiar
Más allá del valor nominal de las facturas, el Gobernador advirtió sobre un fenómeno derivado: el crecimiento del pasivo financiero en los hogares. Al encontrarse con tarifas imposibles de afrontar, muchos usuarios recurren a la financiación, enfrentando niveles de endeudamiento críticos potenciados por las elevadas tasas de interés vigentes en el sistema bancario. Esta situación, según Suárez, genera un círculo vicioso de fragilidad económica.
Las declaraciones del Gobernador no fueron aisladas, sino que reforzaron el cruce dialéctico iniciado por Zamora, quien horas antes había cuestionado el rol de la denominada "Oficina de Respuesta Oficial" en el marco del debate energético. Para la dirigencia provincial, el intento de nacionalizar la responsabilidad de los aumentos mediante narrativas digitales no se condice con la realidad técnica de los costos de generación y transporte de energía.
Defensa de la autonomía provincial
Con este posicionamiento, el oficialismo santiagueño profundiza su diferenciación respecto a las políticas de ajuste centralistas. Suárez insistió en que la provincia mantiene sus parámetros fiscales sin alteraciones, y que la solución al conflicto requiere una revisión de las partidas de subsidios nacionales para evitar un colapso en el acceso a servicios esenciales para la población del norte argentino.
