El Ministerio de Salud de Mendoza presentó una denuncia formal tras descubrir un esquema de corrupción donde se vendían certificados de vacunación falsos. La investigación apunta a un enfermero del Centro de Salud N°22 de El Pastal, quien habría sido el responsable de realizar las cargas irregulares en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria) para beneficiar a familias antivacunas.
La maniobra comenzó a salir a la luz gracias a la intervención de un médico pediatra de San Rafael. El profesional notó inconsistencias en el registro de varios pacientes y decidió rastrear la trazabilidad de las dosis. Al hacerlo, descubrió que niños que residían a casi 300 kilómetros aparecían vacunados en el mismo centro de salud, en días y horarios sospechosamente similares.
El mecanismo de fraude se coordinaba a través de WhatsApp. Según la investigación, los interesados debían contactar a un número específico y mencionar la frase clave “Plan B” para activar el proceso. Una vez establecido el contacto, los padres transferían sumas cercanas a los 160 mil pesos por el certificado base, con cargos adicionales de 60 mil pesos por cada dosis obligatoria cargada.
Leé también en LV11: Comienza la Semana de la Vacunación en las Américas 2026
El avance de la Justicia y los allanamientos
La causa quedó bajo la órbita del fiscal Juan Manuel Ticheli, de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Bajo su dirección, la Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en los departamentos de Las Heras y Lavalle. El operativo central tuvo lugar en el Centro de Salud 22, donde se buscó documentación respaldatoria y evidencia digital de las maniobras.
Como resultado de los procedimientos, las autoridades secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de diversos centros asistenciales, recetarios médicos y dispositivos electrónicos. Actualmente, la Justicia avanza en la calificación de cohecho pasivo y violación de las normas de salud pública, mientras se intenta determinar la cantidad total de familias involucradas en el territorio provincial.
Es importante recordar que en Argentina rige la Ley Nacional 27.491, la cual establece la obligatoriedad de las vacunas del Calendario Nacional. El incumplimiento de este registro no solo pone en riesgo la salud pública, sino que puede derivar en la suspensión de beneficios sociales y complicaciones en trámites escolares, por lo que estas familias habrían pagado por un registro ficticio para eludir la normativa vigente.
