El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines encendió las alarmas esta semana al denunciar un "proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento" en la Dirección Nacional de Vialidad. La advertencia surge en un contexto donde el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, impulsa nuevos lineamientos para el organismo, a pesar de que el Congreso ya había rechazado el decreto que buscaba disolver el área.
Ariel Enríquez, secretario general del Sindicato de Empleados de la Dirección Nacional de Vialidad del Distrito N° 16 (Santiago del Estero), dialogó con Nuevo Diario para explicar "la verdad sobre el retiro voluntario" y el plan que, según su visión, busca desmantelar la entidad.
El fracaso del decreto y la nueva estrategia
Enríquez recordó que el Gobierno nacional intentó disolver Vialidad mediante el Decreto 461/25, una iniciativa que fue frenada por una medida cautelar judicial y posteriormente derogada por ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo no abandonó su objetivo.
"Desde la entidad gremial sostuvieron que este nuevo ardid surgió tras el fracaso del Gobierno nacional en su intento de disolver a Vialidad mediante el Decreto 461/25, iniciativa que fue frenada por una medida cautelar judicial y, posteriormente, derogada por las Cámaras de Diputados y Senadores", contextualizó.
Según el dirigente, la nueva estrategia "sería igual de grave e igual de perversa", es decir, "la disolución de hecho". Esta se basaría en la generación de "acciones persecutorias en los lugares de trabajo" que provocan "un fuerte desgaste psicológico, un innegable malestar grupal y un futuro laboral incierto", además de "pisotear los salarios".
Privatización encubierta
Para Enríquez, se trata de "un nuevo paso hacia su vaciamiento". Explicó que la entidad estaría inmersa en un proceso de reorientación institucional que implicaría abandonar el modelo basado en la ejecución directa de tareas operativas para pasar a un esquema centrado en la supervisión y fiscalización de concesiones viales y servicios asociados.
"La organización sindical sostiene que esta transformación conlleva una retracción de las capacidades operativas del Estado. El debilitamiento de su intervención directa y territorial delegaría sectores estratégicos en la mejor de las suertes a concesionarios privados, cuyos antecedentes han demostrado ser un fracaso", expuso el secretario general.
Licitación de rutas
En paralelo a esta situación, el Gobierno abrió la licitación para privatizar rutas nacionales, un movimiento que el gremio interpreta como parte del mismo plan de desmantelamiento del organismo vial.
