La transición de la disuelta IOSFA hacia la nueva estructura denominada OSFA ha sumergido a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en una crisis prestacional sin precedentes. A tres meses de los anuncios oficiales, militares de alto rango y afiliados denuncian que la cobertura es actualmente “nula” en puntos estratégicos del país, incluyendo Tucumán, Salta y otras provincias del norte, además de centros urbanos clave como Mar del Plata, Trelew y Bahía Blanca.
El trasfondo de esta situación revela un descalabro financiero profundo. El pasivo de la obra social escaló de $70.000 millones a mediados de 2024 hasta alcanzar una proyección de $210.000 millones para junio de 2025. A pesar de un préstamo de $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) —originalmente destinado a equipamiento médico—, se denuncia que esos fondos fueron utilizados para cubrir gastos corrientes y deudas con droguerías, sin lograr frenar el déficit estructural del organismo.
La crisis también ha disparado una fuerte interna entre las fuerzas. Desde la Fuerza Aérea acusan una “militarización” en la conducción de la nueva OSFA, señalando un predominio del Ejército que priorizaría pagos en el AMBA y zonas de su influencia, postergando la atención en el resto de las unidades del interior. Esta disparidad ha dejado a miles de familias de uniformados en un estado de vulnerabilidad absoluta, obligándolos a costear de su propio bolsillo desde consultas básicas hasta cirugías de alta complejidad.
En el plano político, el conflicto ha reavivado las diferencias en el Poder Ejecutivo. La vicepresidente Victoria Villarruel apuntó directamente contra la gestión en el Ministerio de Defensa, calificando la situación como un “desfalco”. Las sospechas recaen sobre el círculo de funcionarios que lideraron la obra social, a quienes se vincula con presuntos desvíos de recursos para fines electorales. En el ojo de la tormenta aparece también el empresario Fernando Riccomi, señalado por supuestos manejos de fondos de campaña a través de la estructura ministerial.
Mientras el Gobierno sostiene que la disolución de IOSFA era la única salida ante un organismo quebrado, la realidad en los tribunales cuenta otra historia. Solo en la zona de Mar del Plata existen 20.000 afiliados afectados, y la saturación de medidas cautelares de urgencia refleja la desesperación de quienes ven vulnerado su derecho a la salud. Sin una cadena de pagos restablecida con clínicas y prestadores locales, la sanidad militar se encamina hacia un escenario de vaciamiento que pone en riesgo la operatividad y el bienestar de las fuerzas en todo el territorio nacional.
