Por Xavier María Ferrera Peña
En la Argentina de Javier Milei, el sueldo no alcanza: se desarma. Se va en comida, en servicios, en remedios, en transporte y en deudas tomadas para sobrevivir. Y en ese escenario de asfixia, miles de empleados públicos de Santiago del Estero quedaron enganchados a mutuales a las que se afiliaron con un solo objetivo: conseguir un préstamo personal para llegar a fin de mes.
Muchos entraron a una mutual. Otros a dos. Otros a varias. Y no faltan los casos de trabajadores que terminaron afiliados hasta en diez entidades distintas, acumulando descuentos mensuales sobre sus haberes.
El problema no empieza con el crédito. Empieza después.
Cuando el empleado ya no puede seguir pagando, pide la baja y desde la mutual le responden que no puede desafiliarse hasta cancelar la deuda. Entonces el descuento continúa. No por la cuota del préstamo, sino por la cuota mensual de afiliación que le cobran para seguir dentro de la mutual.
Ahí está el nudo del problema.
Porque una cosa es la deuda por un préstamo. Y otra muy distinta es seguir atrapado en descuentos automáticos por pertenecer a una entidad de la que el trabajador quiere salir. En algunos casos, la suma de esas cuotas de afiliación llega a representar hasta 300 mil pesos por mes. Una cifra brutal para cualquier salario público golpeado por la licuadora económica del Gobierno nacional.
Sin embargo, hay una salida. Y es mucho más sencilla de lo que muchos creen.
Cada vez más empleados públicos están descubriendo que pueden ir directamente a la Contaduría General de la Provincia y pedir que cesen esos descuentos automáticos. Cuando el débito proviene del ámbito municipal, el planteo debe hacerse en la Contaduría de la municipalidad correspondiente. Según quienes ya recurrieron a ese camino, el freno se aplica de manera prácticamente inmediata.
Y eso, en tiempos como estos, vale oro.
No borra las deudas. No resuelve de un plumazo el drama financiero de miles de familias. No elimina el daño que provocó una política económica que aplastó ingresos y empujó a la gente a endeudarse para cubrir gastos básicos. Pero sí corta una hemorragia mensual que para muchos se había vuelto insoportable.
Conviene decirlo sin vueltas: los empleados públicos pueden frenar los descuentos de mutuales. Pueden hacerlo. Y muchos todavía no lo saben.
En un país donde el ajuste libertario convirtió el salario en una carrera desesperada contra los vencimientos, esta información no es menor. Es un alivio concreto. Un respiro. Una manera de recuperar, aunque sea en parte, algo del dinero que mes a mes se escurre del recibo de sueldo.
No es un privilegio. No es una avivada. No es una trampa.
Se trata, simplemente, de establecer un límite a un mecanismo que se ha vuelto asfixiante en el contexto de una crisis exacerbada por decisiones políticas que han convertido el deterioro del ingreso en una metodología de gobierno.
En este contexto, saber que esos descuentos pueden terminarse no es un dato accesorio. Es una herramienta de defensa.
Y para muchos empleados públicos de Santiago del Estero, hoy puede ser la diferencia entre seguir hundiéndose o empezar a respirar.
