Lo que comenzó como una entrevista legislativa terminó convirtiéndose en un seminario de realidad judicial y forense. La senadora nacional Carolina Losada y la licenciada en Criminología Julia Gerardi mantuvieron un cruce de alto voltaje informativo en el programa "A Primera Hora", donde quedó claro que las falsas denuncias no son casos aislados, sino un problema social que el Estado ha decidido, hasta ahora, "tapar con la mano".
El fin de la impunidad: penas de prisión efectiva
Losada fue tajante al explicar por qué su proyecto de ley es una necesidad humanitaria. "Hoy en día, hacer una falsa denuncia te sale gratis. La pena es tan ridícula que ni siquiera se llega a juicio porque no tiene sentido procesal", arrancó la legisladora. Actualmente, la expectativa de pena es de dos meses a un año, con multas que no superan los 12.000 pesos.
El nuevo proyecto propone un cambio radical:
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Falsas denuncias generales: de 1 a 3 años de prisión.
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Agravadas (Género o Niñez): de 3 a 6 años de prisión.
"Si un juez te da tres años y un día, ya es prisión efectiva. Queremos que el que mienta para arruinar una vida sepa que puede terminar tras las rejas", enfatizó Losada. Además, aclaró un punto que suele ser usado para desinformar: "La absolución del denunciado no significa que el denunciante vaya preso automáticamente. Se debe iniciar un nuevo juicio donde se pruebe el dolo directo, es decir, que la persona mintió a sabiendas con el solo objetivo de lastimar".
La "Industria" de los peritajes y la sombra de AEVAS
Uno de los momentos más reveladores de la charla fue la denuncia sobre la manipulación de los informes psicológicos. Losada relató una situación alarmante detectada en Rosario:
"Hay peritos que pertenecen a una asociación llamada AEVAS, vinculada al exjuez Rosansky. Se descubrió que los peritajes eran prácticamente calcados, un 'copy-paste' para lograr que los padres fueran desvinculados de sus hijos. Se sospecha que había dinero de por medio en este negocio macabro".
Ante esta "mafia" de los informes, la senadora explicó que su proyecto prevé penas de hasta 9 años para los peritos que falseen o induzcan testimonios. "Los jueces no son todólogos, fallan en base a lo que dice un perito. Si el perito miente o induce una cámara Gesell, es parte de una estafa al sistema de justicia".
El aporte técnico: Escenarios y recuerdos implantados
Desde los estudios de LV11, la licenciada Julia Gerardi aportó la profundidad técnica. Para la criminóloga, el problema radica en la incapacidad del sistema para leer contextos. "Existen tres escenarios: el hecho real, el hecho magnificado y el hecho falso. El gris más peligroso es cuando se toma una base real pero se le suma una acusación de abuso sexual, por ejemplo, para lograr una medida judicial rápida", explicó.
Gerardi y Losada coincidieron en un concepto escalofriante: los recuerdos implantados. "Sucede mucho más de lo que pensamos", advirtió Gerardi. "Son adultos que van depositando en los niños historias que nunca ocurrieron. Pero un perito formado y con compromiso puede determinar cuándo esa historia no es real, porque hay indicadores técnicos claros".
Hacia un protocolo nacional de control
El encuentro en el aire de la radio cerró con un compromiso de gestión. Gerardi puso a disposición sus protocolos de control de expedientes, señalando que "la veracidad de una prueba se mide en el poder ejercer el control y que dos voces se escuchen; hoy la voz oficial parece indiscutible y eso es peligroso".
Losada, por su parte, tomó el guante y anunció que trabajará en un nuevo proyecto para crear un protocolo obligatorio de peritajes:
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Pericias obligatorias y periódicas para todos los progenitores y sus entornos.
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Control de parte garantizado en todas las instancias para que el perito oficial no sea "juez y parte".
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Cámaras Gesell sin inducción, bajo estricta supervisión técnica.
Un cambio de época en el Congreso
Finalmente, Losada se mostró convencida de que el proyecto llegará a buen puerto. "Es la tercera vez que tenemos dictamen, pero la primera vez que tenemos los números para el recinto. Es una punta de lanza; voy a seguir trabajando para mejorar la justicia de los argentinos", concluyó.
La entrevista dejó una sensación de urgencia: la de una justicia que debe dejar de ser un instrumento de venganza privada para volver a ser el garante de la verdad.
