La jornada legislativa en Brasil derivó en un escándalo de proporciones jurídicas. La diputada Fabiana de Lima Barroso (quien utiliza el apellido Bolsonaro por afinidad política aunque no posee parentesco con el expresidente) protagonizó lo que denominó un "experimento social". Durante su discurso, la legisladora del Partido Liberal utilizó maquillaje oscuro para afirmar que, así como ella no se convertía en negra por pintarse, "las mujeres trans no son mujeres".
"¿Yo soy negra ahora? Estoy pintada de negra, me reconozco como negra. ¿Por qué no puedo, entonces, presidir la Comisión de Antirracismo?", ironizó la funcionaria de 32 años. La intervención generó el repudio inmediato de la bancada del PSOL, encabezada por Monica Seixas, quien solicitó la suspensión de la transmisión oficial denunciando actos de racismo y transodio.
Denuncias ante el Consejo de Ética
Tras el episodio, un bloque de 18 parlamentarios presentó un pedido formal de destitución ante el Consejo de Ética de la Alesp. Los denunciantes sostienen que la conducta de Bolsonaro violó principios constitucionales y reforzó estigmas históricos contra las minorías. Además, se radicaron denuncias penales ante el Ministerio Público Federal por discriminación racial.
El acto de pintarse la cara de negro, conocido históricamente como blackface, es considerado una práctica racista que ridiculiza a la población afrodescendiente. En este contexto, la agresión dirigida hacia Erika Hilton, una de las figuras más relevantes del activismo trans en Brasil, ha movilizado a diversos organismos de derechos humanos que exigen sanciones ejemplares.
La defensa de la diputada
Pese a la contundencia de las imágenes y el rechazo generalizado, Fabiana Bolsonaro negó haber incurrido en prácticas racistas. En sus redes sociales y ante la prensa local, afirmó que su manifestación fue una "señal de respeto" a la lucha histórica de la población negra y una forma de cuestionar lo que ella considera una incongruencia en la identidad de género.
El caso ha quedado ahora en manos de la presidencia de la Cámara y del Ministerio Público de San Pablo, en un proceso que podría terminar con la pérdida del mandato de la legisladora. El hecho subraya la profunda polarización ideológica que atraviesa el legislativo brasileño en temas de diversidad y derechos civiles durante este 2026.
