El nuevo proyecto de financiamiento universitario
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, con el objetivo declarado de "armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales" con "las reales posibilidades" del Presupuesto 2026 . Esta sería la tercera vez que el Congreso trata un proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei, luego del veto a la ley en 2024 y la sanción de una nueva norma en 2025 que el Ejecutivo nunca implementó .
La magnitud del recorte
Según un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) en colaboración con FEDUBA, para cumplir con la recomposición salarial y presupuestaria prevista por la ley vigente, sería necesario incrementar en 2026 al menos $3,1 billones las partidas destinadas a universidades, equivalente al 2,1% del presupuesto nacional . En términos salariales, se requeriría un aumento del 63,7% sobre las partidas salariales, unos $2,734 billones .
De no aplicarse la ley, el presupuesto vigente para 2026 implicaría que la transferencia del Gobierno Nacional al sistema universitario se retrotraería a niveles equivalentes a los observados en 2006–2007, consolidando un retroceso de casi dos décadas . El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado un presupuesto de $7,2 billones para sostener el funcionamiento actual de las instituciones, pero el proyecto oficial destina una cifra muy inferior .
Los números del ajuste: 40% de pérdida
La Federación Universitaria Argentina (FUA) denunció que el Presupuesto Nacional 2026 consolida un recorte histórico del 34% a las universidades públicas . Sin embargo, análisis más detallados del CIEN indican que entre 2023 y 2025 el presupuesto destinado a educación superior ya cayó un 28,9% en términos reales, y el nuevo proyecto profundizaría esa tendencia .
En contraste con la ley actual, que obliga al Gobierno a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales (+63,68%) al presupuesto de 2026, el proyecto del oficialismo reduce esa suma a apenas $187.744 millones (4,3%) . Esto implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública .
El salario docente ya exhibe una caída del 31% respecto de noviembre de 2023, ubicándose entre los más afectados de la economía . En perspectiva histórica, el salario de un profesor adjunto con dedicación simple cayó cerca del 50% respecto de 2015 .
Los cambios clave que propone el Gobierno
El nuevo proyecto introduce modificaciones sustanciales respecto de la ley vigente :
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Salarios: Propone una recomposición del 12,3% en tres tramos del 4,1% (marzo, julio y septiembre de 2026), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. La ley vigente establecía una actualización desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC en el mismo período .
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Paritarias: Mantiene la obligación de convocarlas cada tres meses, pero elimina la cláusula que aseguraba una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC .
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Gastos de funcionamiento: Se ajustarán solo si la inflación supera el 14,3% (promedio anual utilizado para el Presupuesto 2026). La ley vigente establecía una actualización por IPC desde enero de 2025 .
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Hospitales universitarios: Se fija un refuerzo puntual de $80.072 millones, eliminando la actualización periódica por inflación que establecía la ley anterior .
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Ciencia, técnica y extensión: El nuevo proyecto omite mencionar estas partidas, mientras que la ley vigente ordenaba actualizarlas bimestralmente por IPC .
La ley vigente, un laberinto judicial
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025 por el Congreso (N° 27.795) está vigente pero no se cumple. En diciembre de 2025, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción de amparo por ese incumplimiento, y el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar suspendiendo el decreto del Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación .
El juez consideró que existía una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" . En febrero de 2026, el Gobierno apeló esa medida y días después presentó el nuevo proyecto .
Reacciones y posturas
Las organizaciones docentes rechazaron contundentemente la propuesta oficial. Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, señaló: "El proyecto da por tierra con toda la deuda salarial que el gobierno contrajo con los docentes y no docentes en 2024 y 2025, y nos ofrece como contrapartida solo un 12% a pagar en tres cuotas, cuando la ley vigente establece un piso del 50% de recomposición que sería lo que necesitaríamos para volver al poder adquisitivo del año 2023" .
La UBA advirtió que el presupuesto propuesto ratifica salarios "bajo la línea de pobreza", no contempla recomposición para gastos operativos, mantiene paralizadas las obras de infraestructura y no prevé actualización de becas estudiantiles . La inversión proyectada para 2026 se ubicaría por debajo del 0,5% del PBI, manteniendo el piso histórico alcanzado en 2025 .
Sin embargo, no hay unanimidad en el arco universitario. Algunos decanos comienzan a ver con cierta simpatía la idea de buscar una salida negociada, con el argumento de que "algo es mejor que nada" ante el laberinto jurídico que dejó la ley sin aplicación efectiva .
Becas Progresar, otro indicador del ajuste
El programa de becas Progresar redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios entre 2023 y 2025, mientras que el poder adquisitivo del estipendio cayó 46,5%, permaneciendo congelado en $35.000 desde septiembre de 2024 . Para que recupere el poder adquisitivo de diciembre de 2023, serían necesarios $187.115 millones adicionales, un incremento del 63,7% .
Qué viene ahora
El proyecto ingresó en período de sesiones extraordinarias, pero no se espera que sea tratado en lo que resta de febrero, por lo que pasará a sesiones ordinarias . El oficialismo necesitará construir los consensos necesarios en un Congreso donde la oposición mantiene peso.
Mientras tanto, los gremios docentes se declararon en estado de alerta y no se descartan nuevas medidas de fuerza en defensa del salario y el presupuesto universitario. La frase que resume la postura de los trabajadores la expresó Federico Montero: "Este proyecto que envía el gobierno es producto de que está acorralado por la justicia teniendo que cumplir un fallo que no está dispuesto a hacer. En ese marco intenta apalancarse en la nueva composición del Congreso para sancionar una nueva ley que sería ponerle el clavo en el cajón a los salarios" .
