Agostina Páez cometió un error grave. A esta altura, discutir eso ya no tiene demasiado sentido. El gesto que la dejó en el centro de una causa judicial en Brasil fue torpe, ofensivo, cargado de una violencia simbólica que en ese país tiene una sensibilidad histórica, social y legal mucho más intensa y explícita. Pero una cosa es afirmar con claridad que hizo algo repudiable, y otra muy distinta es aceptar sin discusión que una persona quede atrapada durante meses en territorio extranjero, expuesta a un castigo judicial, mediático y moral que parece no terminar nunca. Desde enero permanece sometida al proceso en Río de Janeiro, con restricciones como tobillera electrónica y prohibición de salir de Brasil; incluso en febrero llegó a ordenarse su detención, aunque luego esa prisión preventiva fue revocada. Este mes, además, trascendió que la Justicia pidió elevar la causa a juicio oral.
Y ahí está el corazón incómodo de esta historia: el problema ya no es sólo lo que hizo Agostina, sino lo que hicieron con Agostina.
Porque lo que comenzó como una reacción jurídica frente a un acto ofensivo fue derivando también en otra cosa: una exhibición pública. Su nombre, su cara, sus lágrimas, sus videos pidiendo disculpas, su permanencia forzada en Brasil, todo empezó a formar parte de un dispositivo de ejemplificación. Ya no parece tratarse únicamente de establecer responsabilidad, sancionar una conducta y garantizar el debido proceso. Da la sensación de que a esta altura hicieron de su imagen una especie de campaña antirracial, un cartel humano, un “miren lo que pasa cuando alguien hace esto”. Y cuando una democracia empieza a transformar a una persona en afiche moral, conviene detenerse un segundo. Porque la justicia debe corregir, sancionar y reparar; no necesita volverse espectáculo para ser justa.
Agostina ya pidió perdón varias veces. Este 11 de marzo volvió a hacerlo públicamente, admitiendo que se equivocó y que estaba asumiendo su responsabilidad. Antes ya había hablado del miedo, del infierno personal que atravesaba y del ensañamiento que sentía alrededor de su caso. Incluso declaró ante el cónsul argentino que sentía que la estaban usando como ejemplo. Esa frase, más allá de simpatías o rechazos, merece ser escuchada porque resume la sensación que deja todo el expediente visto desde afuera: la de una mujer que cometió un acto condenable, sí, pero que también quedó atrapada en una maquinaria que parece necesitar que su arrepentimiento sea infinito para que la lección pública no se disuelva.
Y sin embargo, en medio de esta discusión, hay algo que no puede barrerse debajo de la alfombra: no saber no exime de responsabilidad. No la exime en Argentina, no la exime en Brasil y no la exime en ninguna parte. La ignorancia cultural no funciona como salvoconducto. Pero tampoco debería cancelarse una verdad igual de importante: la ignorancia, el contexto social, la ausencia de antecedentes, el hecho de tratarse de una turista y el arrepentimiento posterior sí deben ser ponderados jurídicamente a la hora de medir la respuesta del Estado. Porque el derecho no existe sólo para castigar, sino también para graduar. Y graduar significa precisamente eso: distinguir entre lo imperdonable como símbolo y lo evaluable como hecho concreto.
Acá es donde la historia se vuelve más compleja y más honesta. Porque el caso de Agostina no puede leerse solamente desde la superioridad moral automática. También obliga a mirar de frente el barro cultural del que viene. En muchas ciudades argentinas —y mucho más en algunas provincias donde la brutalidad verbal sigue circulando como costumbre social— frases como “negro de mierda” aparecen todavía en una discusión callejera, en una pelea de tránsito, en una escena de enojo mínimo, con una naturalidad escalofriante. También sobreviven gestos obscenos, humillaciones corporales y formas de desprecio que muchos ni siquiera identifican como parte de una pedagogía de la degradación. Ese clima no vuelve inocente a nadie. Pero ayuda a explicar de dónde sale cierto tipo de ceguera moral: la de personas formadas en ambientes donde la agresión discriminatoria no fue desactivada a tiempo, sino tolerada, repetida y hasta banalizada.
Eso no absuelve a Agostina. Pero sí impide analizarla como si hubiera brotado de la nada, como si fuera una criatura excepcionalmente monstruosa surgida por generación espontánea. No. Agostina es también hija de una cultura defectuosa. De una Argentina donde demasiadas veces la discriminación se esconde detrás del mal llamado humor, del insulto de esquina, de la descarga social, del clasismo automático, del racismo sin teoría pero con práctica cotidiana. Y cuando alguien criado en esa intemperie cultural cruza una frontera y choca con un sistema legal que no relativiza esas conductas, la colisión es brutal.
Brasil endureció el tratamiento jurídico de la injuria racial y desde 2023 la equiparó al delito de racismo. Ese dato ayuda a entender por qué el caso tuvo allí una densidad tan fuerte y por qué la reacción institucional fue severa. Pero entender esa severidad no obliga a aplaudir cada uno de sus efectos concretos. La proporcionalidad sigue siendo una exigencia básica del derecho. De hecho, distintas coberturas periodísticas recogieron cuestionamientos de la defensa sobre el carácter “desmesurado” de las medidas cautelares y sobre la extensión de una situación que la mantiene lejos de su país, de su entorno y de cualquier normalidad mientras avanza el expediente.
Y acá hay que ser claros: defender la proporcionalidad no es defender el racismo. Pedir mesura no es pedir impunidad. Señalar que el castigo no debe transformarse en martirio administrativo o mediático no implica negar la gravedad del hecho. Significa recordar algo bastante elemental: una sociedad madura no mejora cuando deja de sancionar, pero tampoco mejora cuando confunde justicia con escarnio prolongado.
Porque además, sobre Agostina cayó algo más que la ley. Cayó la época. Cayó el tribunal de las redes, que no juzga para resolver sino para extender. Cayó la lógica del caso viral, donde cada pedido de disculpas ya no sirve para cerrar una herida sino para seguir alimentando la circulación del episodio. Cayó la fascinación contemporánea por la culpa televisada, por el arrepentimiento serial, por la humillación con fines pedagógicos. Y es ahí donde aparece la sensación más perturbadora: que su caso dejó de pertenecerle del todo. Ya no es solamente una ciudadana defendiéndose en un proceso judicial. Es un símbolo útil. Una imagen reciclable. Una advertencia ambulante.
Y nadie debería sentirse del todo cómodo con eso.
Porque una cosa es que el Estado brasileño diga “esto no se tolera”. Y otra, distinta, es que una joven argentina termine convertida en una figura funcional a una gran representación pública del antirracismo, como si la contundencia del mensaje dependiera de cuánto tiempo se la mantenga a ella en vitrina. La justicia no necesita fabricar emblemas de carne y hueso. Cuando lo hace, se acerca peligrosamente a una forma de pedagogía cruel.
También hay otra cuestión que no debe perderse de vista. Cuando se habla de estos casos, suele aparecer una trampa bastante miserable: exigir empatía sólo para uno de los lados. Como si al repudiar el gesto de Agostina hubiera que renunciar a cualquier compasión por su situación actual. O como si comprender que una persona puede quebrarse psicológicamente bajo una exposición interminable implicara minimizar la ofensa inicial. No. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Puede haber una conducta repudiable y una reacción desproporcionada. Puede haber culpa y también sufrimiento genuino. Puede haber responsabilidad sin que eso obligue a aceptar una destrucción personal sin fecha de cierre.
Por eso quizás la pregunta más honesta no sea si Agostina tiene o no culpa. La tiene. La pregunta más honesta es otra: ¿cuánta culpa alcanza para satisfacer a una sociedad que parece necesitar convertir cada error grave en una ceremonia pública de demolición?
A esta altura, Agostina ya pidió perdón en castellano. Lo pidió con su tono, con sus palabras, con la desesperación de quien entendió tarde que ciertas fronteras culturales no admiten improvisación ni brutalidad heredada. Pero da la impresión de que el problema ya no es la sinceridad del perdón, sino la insuficiencia estructural del perdón en tiempos de exposición total. Porque cuando una persona pasa a ser usada como ejemplo, el arrepentimiento deja de cerrar el conflicto: apenas lo alimenta.
Entonces sí: Agostina debe responder por lo que hizo. Debe hacerlo ante la ley y con todas las garantías. Pero también hay que decir algo que hoy parece casi una herejía: ninguna causa justa debería necesitar la trituración indefinida de una persona para afirmarse. El antirracismo no se fortalece cuando el castigo pierde proporción. La conciencia social no crece mejor cuando se monta sobre la exhibición de una culpable convertida en escarmiento permanente. Y la justicia deja de ser completamente justa cuando parece disfrutar de la utilidad pública del sufrimiento.
Tal vez la verdadera discusión de fondo no sea sólo qué hizo Agostina en Brasil, sino qué hacemos nosotros con casos como el suyo. Si nos sirven para pensar de verdad nuestros propios abismos culturales, nuestro racismo de baja intensidad pero altísima frecuencia, nuestra costumbre de humillar y después sorprendernos cuando afuera no la toman como costumbre sino como delito. O si, por el contrario, los usamos apenas para consumir otra historia de caída, culpa y condena sin final.
Y entonces llega la última pregunta, la más triste, la más seca, la más humana: ¿en qué idioma tiene que pedir perdón Agostina Páez para que el mundo considere suficiente el castigo?
Perdón.
Disculpa.
Desculpa.
Sorry.
Pardon.
Scusa.
Entschuldigung.
Je suis désolée.
Mi dispiace.
Afedersiniz.
Sumimasen.
Gomen nasai.
Mianhae.
Duibuqi.
Izvinite.
Prosti.
Oprostite.
Beklager.
Forlåt.
Ursäkta.
Maaf.
Paumanhin.
Samahani.
Ngiyaxolisa.
Se puede pedir perdón en todos los idiomas del mundo.
Lo que no debería hacer nunca una sociedad que se dice civilizada es usar ese perdón como combustible para que la pena no termine más.
