Dos episodios ocurridos en la provincia de Buenos Aires dejaron una huella imborrable en la historia reciente de la Argentina y encendieron el debate sobre la violencia en las escuelas. Se trata de los ataques perpetrados por “Pantriste” en Rafael Calzada en el año 2000 y por “Juniors” en Carmen de Patagones en 2004, ambos con consecuencias trágicas y responsables declarados inimputables.
El primero de los hechos ocurrió el 4 de agosto de 2000, cuando Javier Romero, apodado “Pantriste”, llevó un arma al colegio y permaneció durante horas dentro del establecimiento. Al finalizar la jornada, se ubicó en la vereda y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado, Mauricio Salvador, de 16 años, murió días después tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que otro joven logró sobrevivir pese a las graves heridas.
Tras el ataque, Romero escapó, pero fue entregado por su propia madre. Años más tarde, la Justicia lo declaró inimputable al considerar que no comprendía la criminalidad de sus actos, ordenando su internación en una institución psiquiátrica.
El segundo caso, conocido como la masacre de Carmen de Patagones, ocurrió el 28 de septiembre de 2004. Rafael Solich, apodado “Juniors”, ingresó armado a su aula y disparó contra sus compañeros, causando la muerte de tres estudiantes: Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda. Además, otros cinco jóvenes resultaron heridos de diversa gravedad.
El ataque se detuvo cuando un compañero logró reducir al agresor. Durante la investigación, se conoció que el joven atravesaba situaciones de bullying y violencia en su entorno. Al igual que en el caso anterior, la Justicia lo declaró inimputable debido a su edad y dispuso su internación en instituciones especializadas.
Ambos hechos generaron un fuerte impacto social y abrieron un debate sobre la salud mental, la violencia escolar y la responsabilidad institucional. A más de dos décadas del primero de estos ataques, siguen siendo recordados como antecedentes clave en la discusión sobre cómo prevenir situaciones de violencia extrema dentro del ámbito educativo.
Estos casos evidenciaron la necesidad de reforzar los mecanismos de contención, detección temprana y acompañamiento de estudiantes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar que episodios de esta magnitud vuelvan a repetirse en el país.
