Hay momentos en los que la sociedad no puede seguir actuando como si todo fuera apenas una escena grotesca para consumo de redes. Este es uno de ellos. Porque si una persona aparece en un video diciendo que es “usurero” y “narco”, la cuestión deja de ser moral y pasa a ser institucional. No para condenarlo en una sobremesa televisiva, ni para dictar sentencia desde una columna, sino para exigir que la Justicia haga lo único que debe hacer: verificar, peritar, investigar y determinar si hubo montaje, fanfarronería o algo mucho más grave.
La Argentina está enferma de una costumbre indecente: cuando el escándalo tiene apellido, dinero o relaciones, enseguida aparecen los amortiguadores del poder. Todo se relativiza. Todo se “contextualiza”. Todo se enfría. Y así, lo que en cualquier ciudadano de a pie encendería una alarma inmediata, en ciertos círculos se transforma en una anécdota con champán, sonrisas y abogados. Ese es el verdadero veneno. No solo lo que se dijo o se habría dicho, sino la obscena presunción de intocabilidad que suele rodear a quienes creen que la ley es apenas una sugerencia para los demás.
Pero aquí no hay margen para la frivolidad. La usura no es una ocurrencia pintoresca ni un adjetivo de fanfarrón: el artículo 175 bis del Código Penal reprime la usura como delito. Y en materia de narcocriminalidad, la PROCUNAR tiene entre sus funciones intervenir en hechos vinculados con los delitos de la Ley 23.737, recibir denuncias y ordenar medidas para determinar si existieron delitos de su competencia. O sea: el Estado tiene herramientas, competencia y canales concretos para actuar. Lo que falta no es derecho. Lo que falta, muchas veces, es voluntad.
Además, el contexto político vuelve el episodio todavía más intolerable. Porque esto no ocurrió en el vacío. Ocurrió después de la repatriación de Agostina Páez, luego del gesto político de Patricia Bullrich, y en medio de una secuencia pública que ya estaba cargada de sensibilidad, tensión diplomática y exposición mediática. Es decir: no fue una travesura marginal. Fue la prolongación de una escena de poder. Y cuando el poder se mezcla con palabras que remiten a narcotráfico y usura, la indiferencia estatal deja de ser torpeza: empieza a parecer complicidad.
Por eso este pedido no es grandilocuente. Es mínimo. Un fiscal federal, por favor. Uno que no mire para otro lado. Uno que no se deje hipnotizar por la espuma del escándalo. Uno que entienda que la república no se defiende con posteos ni con entrevistas amistosas, sino con actos concretos. Peritar el material. Verificar autenticidad. Determinar contexto. Investigar eventuales delitos. Y si no hay nada, decirlo con la misma claridad. Pero decirlo después de actuar, no antes.
Porque si en la Argentina alguien puede aparecer públicamente jactándose de ser “narco” y “usurero” y aun así no pasa nada, entonces el problema ya no será solo Mariano Páez. Será un sistema entero que se acostumbró tanto al hedor de la impunidad que ya ni siquiera distingue entre el escándalo y el delito. Y un país que pierde esa diferencia deja de impartir justicia: empieza, simplemente, a administrarle excusas al poder.
