El eje del conflicto radica en el cambio del modelo de atención individualizada por uno de carácter general. Según el proyecto, cada escuela contaría con una planta de apenas uno a cinco maestros de apoyo para cubrir a la totalidad de los alumnos con discapacidad que asistan a la institución, eliminando la figura del acompañante personal que hoy garantiza la integración.
El riesgo de la "atención degradada"
Valladares ejemplificó la situación con el caso de su hija de 11 años: "Un niño con síndrome de Down necesita a alguien a la par que vaya marcando pautas para que pueda aprender, respetando cómo trabaja su cerebro". La metodología actual contempla que el docente de apoyo se retire gradualmente a medida que el alumno gana independencia, un proceso que se vería interrumpido con la nueva normativa.
Un diagnóstico "físicamente imposible"
La preocupación de los padres se sustenta en la diversidad de discapacidades que conviven en un mismo aula. Valladares graficó la realidad de muchos establecimientos:
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Población escolar: Escuelas que albergan entre 35 y 40 alumnos con discapacidad.
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Diversidad de patologías: Autismo, problemas motrices, auditivos e intelectuales.
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La crítica: "¿Cómo haría un solo maestro para abarcar todas esas discapacidades? Es físicamente imposible", sentenció la progenitora.
El fantasma de las deudas de obras sociales
A este complejo panorama legislativo se suma una crisis financiera que ya afecta el presente de los niños. Actualmente, el servicio de maestras especiales y acompañantes terapéuticos es solventado por las obras sociales, pero las constantes deudas con los prestadores han provocado que muchos niños ya hayan perdido su apoyo docente en lo que va de este 2026.
Para las familias tucumanas, la sanción de esta ley no solo institucionalizaría la falta de personal, sino que profundizaría el abandono de aquellos niños que no cuentan con cobertura privada, dejando la inclusión escolar reducida a una formalidad sin herramientas reales de aprendizaje.
