La conmoción atraviesa a toda la comunidad de Santiago del Estero tras conocerse el caso de Shadya Altamirano, una joven abogada que se quitó la vida un mes después de denunciar a su expareja por la difusión de un video íntimo.
“Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, repetía la joven, según relató su madre, reflejando el profundo impacto que le generó la exposición pública en un contexto social cercano, donde el hecho tomó rápida notoriedad.
De acuerdo a la denuncia familiar, el material habría sido difundido por el hombre en un grupo de WhatsApp. El 1° de marzo, un día después de lo ocurrido, la joven se presentó en una comisaría de Pinto para denunciar amenazas.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se pusieron a disposición herramientas de protección, como un botón antipánico, aunque señalaron que la joven decidió no aceptar esa medida.
Días antes del hecho, la madre había advertido a la Policía sobre el delicado estado emocional de su hija, dejando constancia de antecedentes de tratamiento psiquiátrico y episodios de autolesión.
Tras el hallazgo del cuerpo, la Justicia local inició una investigación, ordenó la autopsia y el secuestro del celular para avanzar con las pericias correspondientes.
En paralelo, la familia cuestionó el accionar de las autoridades y apuntó contra el hombre denunciado. “Que se sepa que el Estado no hizo nada. Nos dejaron solos”, expresó su madre.
El caso generó un fuerte impacto en la provincia y reabre el debate sobre la exposición digital, la violencia y el acompañamiento institucional en situaciones de vulnerabilidad.
