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“No vine a la política a servirme de ella”: El descargo de Leandro Massaccesi tras su desplazamiento de Capital Humano

05/04/2026

Leandro Massaccesi, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la cartera, fue apartado de su cargo por decisión directa de la ministra Sandra Pettovello. El detonante de la ruptura fue la difusión de un millonario crédito hipotecario obtenido por el funcionario en el Banco Nación.

La salida del funcionario debilita el núcleo duro de Capital Humano.

El desplazamiento de Massaccesi se concretó de manera intempestiva durante la última jornada, luego de que el acceso al préstamo tomara estado público en las plataformas digitales. Tras el silencio inicial, el abogado rionegrino utilizó sus redes sociales para realizar un descargo técnico, asegurando que no cometió ningún acto ilegal ni se "sirvió de la política" para beneficio personal. Según su testimonio, el crédito para su primera vivienda fue gestionado de manera transparente a través de la web oficial del banco, cumpliendo con todos los requisitos y plazos previstos para un compromiso financiero a 30 años.

Falta de aviso y crisis de confianza

Desde el entorno de Pettovello aclararon que, si bien el trámite podría encuadrarse dentro de la legalidad, el conflicto central radica en la omisión de información hacia la superioridad. La ministra habría interpretado la toma de una deuda de tal magnitud en la banca pública como un gesto de "alto perfil" incompatible con el contexto de ajuste que atraviesa el país. La falta de un aviso previo sobre esta operación financiera fue el argumento final para exigirle la renuncia inmediata al jefe de los asesores ministeriales.

La lupa sobre los créditos oficiales

Este alejamiento no es un hecho aislado, sino que se produce en un clima de creciente sospecha sobre la asignación de herramientas financieras en el Banco Nación. La oposición en el Congreso ya ha solicitado informes detallados para investigar una serie de adjudicaciones millonarias a funcionarios y legisladores del oficialismo. En los registros de deudores figuran nombres vinculados al Ministerio de Economía y al Banco Central, con montos que en algunos casos superan los $500 millones, lo que pone bajo la lupa los criterios de prioridad en la banca estatal.

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