La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada desató una fuerte polémica por los cambios que introduce en el régimen de licencias por enfermedad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a explicar los alcances de la medida, que generó resistencia en bloques opositores y hasta incomodidad en sectores aliados .
Qué dice la ley actual
Bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente, los trabajadores que sufren una enfermedad o accidente no laboral tienen derecho a percibir el 100% de su salario durante el período de licencia .
La duración de esa licencia varía según la antigüedad del trabajador y sus cargas de familia:
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Menos de 5 años de antigüedad: 3 meses de licencia (sin cargas) o 6 meses (con cargas).
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Más de 5 años de antigüedad: 6 meses (sin cargas) o 12 meses (con cargas) .
Durante todo ese período, el empleador debe abonar el salario completo y mantener la reserva del puesto .
Los cambios que plantea la reforma
El proyecto aprobado en el Senado modifica el artículo 208 de la LCT y establece un nuevo esquema que elimina el pago del 100% y ya no considera la antigüedad como variable .
La nueva licencia será de:
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Hasta 3 meses para trabajadores sin cargas de familia.
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Hasta 6 meses para trabajadores con cargas de familia .
El porcentaje del salario a percibir dependerá del origen de la dolencia:
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50% de la remuneración si la enfermedad o accidente deriva de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud (por ejemplo, una lesión deportiva como jugar al fútbol) .
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75% de la remuneración en los casos donde no existió voluntad ni conciencia del riesgo .
El proyecto también establece nuevas obligaciones formales, como la justificación mediante certificados médicos digitales y la posibilidad de que el empleador disponga controles médicos propios. En caso de discrepancia, intervendrá una junta médica oficial .
Las críticas y el debate en Diputados
La iniciativa despertó críticas en la oposición y en sectores aliados. El bloque Provincias Unidas adelantó su rechazo al artículo, mientras que el PRO también expresó reparos . El abogado laboralista Julián de Diego advirtió que la reforma podría generar mayor judicialización en lugar de reducirla .
Uno de los puntos más cuestionados es que la ley no define con precisión qué se entiende por "actividad riesgosa" , lo que quedaría sujeto a interpretación judicial o a una reglamentación posterior . También preocupa el impacto en casos de enfermedades graves como el cáncer, que quedarían alcanzadas por el recorte salarial .
El oficialismo busca evitar modificaciones en Diputados para no tener que devolver el proyecto al Senado y lograr la sanción definitiva antes del 28 de febrero, fecha en que se extendieron las sesiones extraordinarias
