El expiloto de la Fórmula 1 y actual corredor de Turismo Carretera, Gastón Mazzacane, y su padre, Hugo Héctor Mazzacane, presidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), fueron procesados en la últimas horas en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.
La resolución fue dictada por el juez Alejo Ramos Padilla. Esta situación también afectó a otras empresas que están involucradas en el automovilismo nacional. Además del procesamiento, ordenó embargos millonarios sobre los bienes de los imputados para garantizar el eventual recupero del dinero.
De acuerdo a la investigación de la fiscal federal María Laura Roteta, el grupo habría montado un esquema para eludir sus obligaciones con el fisco entre 2014 y 2024. La maniobra consistía en el uso de empresas vinculadas para ocultar ingresos, maniobras de vaciamiento patrimonial de la firma principal, ventas fuera de los registros oficiales y operaciones en efectivo y el uso de una “contabilidad paralela” para frustrar el cobro de impuestos.
La deuda investigada asciende a $8.000 millones si se incluye el ejercicio 2024, mientras que el perjuicio directo al Estado estimado por la Procuración General de la Nación alcanza los $3.965 millones.
La causa empezó a partir de una denuncia de la propia ARCA, que interviene como querellante. Durante el proceso, la División Lavado de Activos de la Policía Federal (PFA) realizó múltiples allanamientos en domicilios y sedes comerciales, donde se secuestró documentación clave y grandes sumas de dinero en efectivo que ahora forman parte del expediente.
La defensa de los Mazzacane: “Es una medida desproporcionada”
Después de conocerse el fallo, los abogados defensores apelaron la medida y cuestionaron duramente el accionar judicial. Desde el entorno de los Mazzacane aseguran que las deudas impositivas ya están saldadas o en proceso de serlo, que la reestructuración de las empresas buscó preservar la continuidad de un grupo que emplea a 150 familias y que varios de los períodos investigados ya caducaron legalmente.
Para los letrados, el procesamiento es “desproporcionado” y pone en riesgo la actividad empresarial sin motivos atendibles, desconociendo la nueva “ley de inocencia fiscal”.
