Una temática de amplia repercusión social en la actualidad es el sistema penal aplicado a niños y adolescentes que infringieron la ley, motivo por el que se organizó un espacio de reflexión y conferencias para abordarla desde diferentes miradas.
Por esa razón, esta mañana comenzó la Jornada de Actualización en lo Penal Juvenil en un colmado Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, en cuya apertura ocuparon el estrado el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar; la Dra. Matilde O´Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Dr. Rodrigo Morabito, juez de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Catamarca.
En su alocución, el integrante del STJ santiagueño, señaló que “sin duda alguna, el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco es discutible que todas las sociedades padecen algún grado de deficiencia, que debe ser corregido en su ordenamiento jurídico. Sin embargo, con independencia de la gravedad de ciertas acciones que pueden cometer los autores de ciertos delitos, el poder del Estado no es ilimitado, no puede recurrir a cualquier medio para alcanzar sus fines. El Estado se encuentra sujeto al derecho y a la moral y el desprecio de la dignidad humana no puede servir de base para ninguna acción estatal”.
Al avanzar en ese concepto, dijo: “Lo que acabo de decir no me pertenece, sino es un párrafo 154 del caso "Velázquez Rodríguez vs Honduras", el primer caso contencioso que, en el año 1988, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos en un Estado de Derecho Constitucional, por voluntad popular. Tenemos una Constitución que ha incorporado Tratados Internacionales de DD. HH, que están concordados con la Constitución, tienen jerarquía superior a las leyes. Y entre esos Tratados, expresamente está la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
En esa línea de pensamiento, sostuvo que “los jueces tenemos que munirnos al orden jurídico, no a la ley en sí. La ley es un componente del orden jurídicos y en ese orden hay jerarquías, hay leyes que tienen mayor condición de validez que otras".
“Muchas veces, prosiguió, vemos y me hago cargo, porque todos somos falibles, leyes que se legislan sin la mínima observancia de conformidad en la legislación, a la Constitución y los Tratados, y los jueces hacemos sentencias, que nos alejamos de la Constitución y los Tratados y nos olvidamos de leer y re leer, pero con cada lectura encontramos significaciones que después comparamos con los estándares que fijan esos órganos auténticos”.
Asimismo, remarcó que “si hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, la máxima autoridad es el Comité de los Derechos del Niño, porque la misma Convención establece que es su órgano interpretativo y de monitoreo. Argentina firmó los protocolos facultativos anexos a la Convención, donde las observaciones particulares que hace al Estado argentino y las observaciones que hace a todos los Estados parte son obligatorias y vinculantes. Cuando la Corte Interamericana falla en cuestiones de niñez, como el caso Iglesias, tiene que ser mirado con atención, sobre todo por quienes ejercemos funciones judiciales”.
En otro tramo de su exposición, el presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, reflexionó: “Estamos ante un nueva ley, por eso el título que dice que hacer con el delito penal juvenil, me recuerda a un escrito de la experta y conejera de la Convención de los Derechos del Niño, Dra. Mary Beloff, que escribió, no que hacemos con el delito penal juvenil, sino que hacemos con el Derecho Penal Juvenil en Argentina. Cuando uno lee esta ley, se da cuenta que tiene muchos condimentos positivos, por ejemplo hace un enunciado de principios, pero a medida que avanza en su desarrollo empieza a tener auto contradicciones con los mismos principios que enuncia y una de las cuestiones es la baja de imputabilidad o punibilidad de los menores de 18 años".
Luego, se preguntó: “Creemos o no creemos en las conclusiones de la ciencia, porque si creemos, el mismo Comité de la Convención de los Derechos del Niño, en la observación general 24, dijo que por estudios documentados de la psicología y la neurociencia se ha determinado que en los seres humanos el desarrollo es progresivo confirmando las teorías de Piaget”.
Para concluir, aseveró que “observemos el artículo 1 muy bien del Código Civil y Comercial, en cuanto a la condición de validez de leyes. Acaba de salir un fallo de la Corte Suprema que dice que los jueces no podemos ser legisladores y poner penas menores a lo que establece la ley, salvo que declare la inconstitucionalidad. No digo con ello que tengamos que hacer un festival de inconstitucionalidad o exceso de activismo, pero en los casos que así corresponda, para mantener la observancia de la Constitución y los Tratados, lo tenemos que hacer, porque somos jueces nacionales, provinciales e interamericanos conforme la doctrina del control de Constitucionalidad”.
Por su parte, la Dra. O´Mill comenzó su disertación enfatizando la importancia de hablar de un tema actual, sobre el que hay que debatir y que su postura está centrada desde el lugar en que se toman los decisores de políticas públicas en la materia.
Al respecto, apuntó que “el objetivo es lograr la paz y cohesión social. En ese punto, la labor del Poder Ejecutivo y de las políticas públicas se unen con las decisiones judiciales”.
En ese sentido, señaló que “la Ley Provincial Nº 7349 del año 2022, es una herramienta fundamental para dar un nuevo enfoque integral a esta temática”.
Por ello, mencionó la importancia de la apertura el año pasado en Santiago de Nexo, el Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente, que “sugirió, es el dispositivo necesario para aplicación de la nueva Ley Nacional Nº 27.801”, para luego anticipar lineamientos centrales del Proyecto Nexo 360, destinado a prevenir y erradicar la violencia juvenil grupal en las ciudades.
En un tramo de su exposición, la funcionaria dijo: “Cuando tenemos ante el estrado a chicos de 14 a 17 años, no estamos ante un expediente sino ante una historia de vida y hay que conocerla”.
En tanto, manifestó que “sostener que la vulneración sistemática de derechos que acumula lo exime de responsabilidad, es una solución absolutamente injusta e insuficiente. Lo que buscamos es que la responsabilidad sea real, acorde y que sea comprendida por ese niño o adolescente que esté frente al sistema”.
Seguidamente, hizo uso de la palabra el Dr. Rodrigo Morabito, quien agradeció al Dr. Llugdar y a la Dra. O´Mill por la invitación y la oportunidad de presentar la primera Ley 27.801 comentada, en la que hizo un análisis crítico de las políticas punitivas en materia de Sistema Penal Adolescente.
En ese sentido, detalló que la nueva norma bajó la edad de imputabilidad y se refirió a las diferentes cuestiones que se plantearán a partir de este nuevo marco normativo.
En la actividad, organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, estuvo presente la fiscal general, Dra. Mariela Bitar de Papa; el titular del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Enrique Billaud; el subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán; magistrados; funcionarios; empleados judiciales y abogados.
