Las autoridades de las universidades nacionales de todo el país coincidieron en que la prioridad absoluta para normalizar el ciclo lectivo es la convocatoria a paritarias por parte del Gobierno nacional. El reclamo surge en un contexto de paralización de actividades y crecientes protestas en los campus universitarios, afectando también a la UNSE en nuestra provincia.
Desde los rectorados insisten en que el retraso salarial de docentes y no docentes ha llegado a niveles críticos. “Lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias”, señalaron referentes del sistema público, quienes remarcan que la falta de un acuerdo salarial digno pone en riesgo la continuidad de las tareas de investigación y extensión académica.
El impacto del presupuesto
La crisis no solo se limita a los haberes, sino que se extiende al financiamiento operativo de las instituciones. Las autoridades académicas advierten que los gastos de funcionamiento se encuentran desfasados respecto a la inflación acumulada, lo que dificulta el pago de servicios básicos y el mantenimiento de la infraestructura educativa en las provincias del NOA.
A pesar de las gestiones ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las respuestas del Ejecutivo han sido consideradas insuficientes por los gremios. La comunidad universitaria santiagueña se mantiene en estado de asamblea permanente, evaluando la profundización de las medidas de fuerza si no se formaliza una oferta que compense la pérdida de los últimos meses.
Incertidumbre en el calendario académico
El conflicto ha generado una fuerte preocupación entre el alumnado por la irregularidad en el dictado de clases y las fechas de exámenes. Los rectores manifestaron su voluntad de diálogo, pero aclararon que la solución depende exclusivamente de la voluntad política de las carteras de Educación y Economía para actualizar las partidas presupuestarias.
Para los próximos días se esperan nuevas movilizaciones y clases públicas en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. El escenario para este 2026 se presenta complejo, con un sector académico que ratifica su compromiso con la educación pero que se declara en situación de emergencia ante el ajuste de las partidas nacionales.
