Hubo un momento en que algunos intentaron vender la escena del bar como si fuera apenas una bravuconada grosera, una fanfarronada de madrugada, un desborde de esos que ciertos hombres creen que pueden comprar con plata, contactos o soberbia. Ese momento ya pasó. Hoy esa lectura quedó vieja, cómoda y, sobre todo, peligrosamente corta.
Porque la escena del bar no quedó sola.
Aquel video no solo se viralizó: provocó la apertura de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero. La fiscal Victoria Ledesma dispuso una investigación penal preparatoria tras la difusión masiva del material, que circuló en redes, portales y medios del país y de Brasil. Es decir: el episodio dejó de ser apenas una vergüenza pública para convertirse en materia de interés judicial. Ese dato, por sí solo, ya debería haber obligado a bajar el tono de la impunidad y subir el rigor institucional.
Pero tampoco quedó ahí.
Nuevo Diario publicó el testimonio del abogado Jiménez, quien negó acusaciones de extorsión y denunció a Mariano Páez por amenazas. Según esa publicación, Jiménez afirmó haber rechazado un ofrecimiento económico que calificó de "ilegal", y situó ese episodio dentro de una causa donde se investigan presuntos delitos de lesiones calificadas y amenazas. Traducido al lenguaje llano: lo que aparece ya no es solo un personaje desbordado, sino la sombra de una lógica de presión, de intimidación y de tentativa de torcer por vías impropias lo que debería resolverse dentro de la ley.
Y ahora el cuadro se volvió todavía más oscuro.
Una nueva presentación judicial difundida este 5 de abril de 2026 sostiene que Ariel Ramiro Peralta, expareja de Stefany Budán, aportó audios, mensajes y otros elementos ante la Justicia en los que se aludiría a un presunto plan para "matarlo", dejarlo "en silla de ruedas" o perjudicarlo con drogas.
En esa misma presentación también aparece mencionado Mariano Páez en relación con supuestos aprietes e intimidaciones, y el material, según lo publicado, fue remitido a peritajes y motivó denuncias en Capital y La Banda. Cuando empiezan a aparecer denuncias de este calibre, el deber del Estado no es relativizar, sino profundizar.
Y hay un punto del contexto que vuelve todavía más inquietante el cuadro general.
Stefany Budán ya arrastra, según una publicación de Nuevo Diario Web de julio de 2025, una causa en la que quedó detenida acusada de incendio intencional, daños y amenazas contra su exconcubino, a partir de un hecho en el que, de acuerdo con esa misma crónica, prendió fuego la puerta de la vivienda mientras él y los cuatro hijos que tuvieron estaban dentro del inmueble.
Ese antecedente no traslada culpas automáticas ni reemplaza pruebas respecto de terceros. Pero sí describe un clima: un entorno donde la violencia, los expedientes, las acusaciones graves y la intimidación ya no aparecen como relámpagos aislados, sino como una atmósfera repetida.
Por eso el problema ya no es de imagen.
Ni siquiera es solo político o mediático.
Es un problema de lectura judicial.
Porque si cada hecho se mira por separado, siempre habrá una excusa disponible. El bar fue un exceso. La amenaza fue un malentendido. El ofrecimiento fue una charla malinterpretada. La denuncia nueva será, dirán, otra interna feroz. El incendio previo será presentado como otra historia. Y así, pieza por pieza, el rompecabezas se desarma a conveniencia de quien más necesita que nadie mire el dibujo completo.
Pero una sociedad seria no puede permitirse ese lujo.
Cuando alrededor de un mismo nombre se acumulan bochorno público, repercusión internacional, intervención fiscal, denuncias por amenazas, menciones a presuntos ofrecimientos por fuera de la ley, nuevas presentaciones sobre posibles planes criminales y un contexto inmediato ya cargado de antecedentes extremos de violencia, lo que corresponde no es fragmentar.
Lo que corresponde es unir. No para prejuzgar, sino para investigar mejor. No para condenar antes, sino para entender si detrás de los episodios existe una secuencia, una lógica, un mecanismo de funcionamiento.
Y ahí aparece la pregunta de fondo: ¿cuándo deja de ser razonable hablar de hechos aislados? ¿En qué punto la reiteración obliga a admitir que tal vez no estamos frente a una suma casual de escándalos, sino frente a una concurrencia de conductas presuntamente delictivas que deben ser observadas de manera integral?
Esa es la pregunta incómoda. Y esa es la pregunta correcta.
Porque la impunidad casi nunca se anuncia con un cartel.
Se delata sola. Primero como soberbia. Después, como apriete. Luego como amenaza. Más tarde como banalización del espanto.
Y cuando nadie la frena, termina creyendo que todo puede disciplinarse, torcerse, intimidarse o arreglarse.
La Justicia no está para confirmar prejuicios. Está para producir verdad procesal. Pero para producirla necesita algo básico: decidir que el cuadro completo merece ser examinado con toda la severidad del caso. No por una escena. No por un video. No por una denuncia sola. Sino por la suma de episodios graves que, uno detrás de otro, empiezan a parecer menos una excepción y más una forma de actuar.
A esta altura, el debate ya no pasa por si Mariano Páez protagonizó otro escándalo.
Pasa por algo bastante peor: si el sistema judicial va a seguir tolerando que cada nuevo episodio sea tratado como una isla, cuando todo indica que podría haber un archipiélago. Y cuando los hechos se encadenan, cuando las denuncias escalan, cuando la violencia se vuelve clima y la impunidad pierde hasta el pudor, mirar para otro lado deja de ser prudencia. Empieza a parecer complicidad.
