En una resolución firmada hoy, la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar innovativa que congela la aplicación de capítulos centrales de la Ley 27.802. El fallo responde a la demanda colectiva de la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestiona la constitucionalidad de las modificaciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes de protección laboral.
El magistrado interviniente fundamentó su decisión en el principio de "peligro en la demora". Según el expediente, la implementación inmediata de la reforma podría generar consecuencias en los contratos vigentes que resultarían imposibles de revertir si, finalmente, la norma es declarada inconstitucional. El juez aclaró que no se requiere certeza absoluta para esta tutela, sino una "apariencia razonable" de derecho que justifique la protección preventiva de los trabajadores.
Desde el Estado Nacional se advirtió que esta suspensión interfiere en las facultades del Congreso y afecta el interés público. Sin embargo, el fallo sostiene que el control de constitucionalidad es una herramienta esencial del Poder Judicial para mantener el equilibrio democrático. Cabe recordar que esta decisión se da tras un reciente revés para la central obrera en el fuero contencioso administrativo, lo que evidencia una batalla legal fragmentada en distintos frentes.
La medida cautelar no resuelve el conflicto de fondo. La vigencia de los artículos de la reforma laboral queda suspendida únicamente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la invalidez constitucional que reclama la CGT. Mientras tanto, el expediente ya fue inscrito en el Registro Público de Procesos Colectivos, marcando un precedente de alto impacto para las relaciones gremiales y empresariales en todo el país.
