La situación judicial de Manuel Adorni se torna cada vez más compleja. A pesar de que el jefe de Gabinete califica el expediente como una "causa sin sustento", los tribunales de Comodoro Py han consolidado en las últimas semanas pruebas que motivan una profundización de las pesquisas. El foco está puesto en un presunto enriquecimiento ilícito derivado de un marcado desequilibrio entre el sueldo del funcionario y su patrimonio actual.
Este lunes marcará un hito en la causa con la declaración de Matías Tabar. El contratista deberá presentarse ante el fiscal Gerardo Pollicita para aportar documentación detallada —presupuestos, contratos y cotizaciones— sobre las refacciones realizadas en la propiedad que la familia Adorni adquirió en el exclusivo Golf Club Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.
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Viajes de lujo y gastos bajo sospecha
La fiscalía analiza con detenimiento el registro de viajes realizados por Adorni y su pareja, Betina Angeletti, a destinos como Aruba, Madrid y Punta del Este. El punto crítico para los investigadores no es el destino en sí, sino el origen de las divisas: se sospecha que la mayoría de estos gastos fueron solventados con dólares en efectivo que no figurarían en las declaraciones juradas del funcionario.
Adorni se defendió recientemente en declaraciones radiales tildando de "mentiras" algunas versiones sobre su vida privada, aunque evitó dar precisiones técnicas sobre cómo financió sus vacaciones. "No tengo que justificar cosas que no están mal", sostuvo, apelando a una estrategia de silencio mediático sobre los detalles contables de su economía personal.
El enigma de los 300.000 dólares
Sin duda, el capítulo más polémico del expediente gira en torno a la compra de una casa en un country y un departamento en el barrio de Caballito. Según los documentos recabados por la Justicia, ambas operaciones fueron posibles gracias a préstamos por un total de 300.000 dólares otorgados por cuatro personas.
Lo que despierta la suspicacia de los investigadores es que el funcionario habría recibido el dinero de personas a las que, según trascendió, no conocería directamente: dos jubiladas y dos agentes de la Policía Federal. La ausencia de intereses en algunos de estos préstamos y la falta de vínculos previos entre las partes han generado un manto de duda sobre la transparencia de estas transacciones, que la Justicia intentará esclarecer en las próximas citaciones.
