El frente judicial contra la reestructuración del mercado de trabajo sumó un nuevo capítulo de tensión. El Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictó una medida que obliga al Estado Nacional a abstenerse de aplicar los artículos 131 y 133. La resolución asegura la continuidad de la "ultraactividad", un principio jurídico que permite que un convenio colectivo siga vigente hasta que se firme uno nuevo, evitando que los trabajadores queden sin cobertura contractual ante la falta de acuerdo en paritarias.
En su fallo, el juez Portocarrero argumentó que las modificaciones oficiales podrían afectar gravemente la "autonomía colectiva" y el normal funcionamiento de las asociaciones gremiales. Al suspender el tope del 2% a los aportes solidarios, la Justicia garantiza que las empresas mantengan las retenciones y depósitos pactados previamente en los convenios de comercio, el gremio más grande del país liderado por Armando Cavalieri.
Una seguidilla de fallos adversos
Este revés se suma a dos sentencias previas que ya habían debilitado la estructura de la reforma en marzo. El pasado día 12, el juez Ricardo Gileta declaró inconstitucional el artículo 55, que limitaba la actualización de deudas en juicios laborales. Apenas cinco días después, el 17 de marzo, el juez Herman Mendel suspendió la transferencia del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo un reclamo del gremio de judiciales.
Con esta nueva cautelar, que tendrá una vigencia inicial de seis meses, el oficialismo enfrenta un escenario de fragmentación legal. Mientras la Corte Suprema de Justicia aguarda definiciones de fondo, los sindicatos logran blindar temporalmente sus cajas y la vigencia indefinida de sus contratos, complicando la estrategia de flexibilización y desregulación que busca implementar el Ejecutivo Nacional.
