Por Xavier Maria Ferrera Peña
Araíz de una noticia publicada en este medio que es un espanto. Que narra cómo en manos de su concubino murió apuñalada una madre de El Aibe, conocido el femicida por pastor evangélico en su comunidad; recibo este correo electrónico del señor Juan José Gallo en nombre de APEUBA, asociación que desconozco, pero no por ello en mi ignorancia minimizo:
"Consejo Pastoral de la Ciudad de La Banda – APEUBA
Asunto: Solicitud de rectificación y aclaración pública
A la Dirección del medio periodístico: Nuevo Diario
Por medio de la presente, el Consejo Pastoral de la ciudad de La Banda – APEUBA – desea expresar su profundo rechazo y preocupación ante la publicación realizada por ese medio en la cual se identifica al Sr. Ramón “Picadillo” Jiménez como “pastor evangélico”. Queremos dejar constancia pública de que dicha persona no era pastor reconocido por ninguna iglesia de nuestra ciudad, ni formaba parte de congregación evangélica alguna bajo la órbita o conocimiento de este Consejo Pastoral.
Entendemos la gravedad de los hechos informados y no minimizamos en absoluto lo acontecido. Sin embargo, consideramos que vincular institucionalmente a la Iglesia Evangélica y al cuerpo pastoral con una persona que no ejercía ministerio reconocido constituye un daño moral y un desprestigio innecesario hacia quienes diariamente trabajan con integridad, servicio y compromiso espiritual en nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente que se proceda a la correspondiente aclaración o rectificación pública, a fin de evitar confusión en la opinión pública y preservar el buen nombre del ministerio pastoral y de las iglesias evangélicas de nuestra región.
Desde ya, quedamos a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional. Atentamente, Consejo Pastoral de la Ciudad de La Banda – APEUBA
Concedida la réplica, estimo necesaria la dúplica.
Los vecinos hablan, las redes amplifican, las etiquetas vuelan. En cuestión de horas, el asesino deja de ser un individuo para convertirse en “el albañil”, “el policía retirado”, “el hincha de”, “el militante de”, “el pastor de”, “el comerciante de”. Como si el horror necesitara un uniforme para ser comprendido.
Y ahí aparece un problema viejo, pero cada vez más frecuente: la pretensión de trasladar automáticamente la responsabilidad individual hacia una institución, una comunidad o una identidad colectiva. Es una operación emocionalmente comprensible, pero intelectualmente pobre. Y muchas veces, además, interesada.
Cuando un hombre mata a su concubina y luego se suicida, estamos frente a un hecho gravísimo, irreparable, atravesado por violencia extrema. El centro moral, social y periodístico del caso debe estar ahí: en el crimen, en la víctima, en el contexto, en las fallas de prevención, en la cultura de la violencia. No en la puja corporativa por despegarse o por apropiarse de una etiqueta.
La crónica que origina la diatriba no especifica si el femicida era pentecostal, libre o bautista según la óptica de los vecinos y familiares. Aún no sé de qué procedencia es la asociación que eleva la queja. La he buscado en el Registro Nacional de Cultos y existe como tal oficialmente. Sí puedo afirmar que conozco personalmente a pastores que se convirtieron a la fe en cárceles. Y los respeto. Pero no nos disfracemos. No confundamos individuo con colectivo. Porque estamos desviando caprichosamente el eje del tema.
Porque conviene decirlo con claridad: nadie mata en nombre de una colegiatura, una asociación o una institución, salvo prueba expresa de que actuó bajo su mandato, cobertura o representación. Y en los delitos comunes —y en los crímenes atroces— lo que rige es la responsabilidad personal. Penal, moral y social.
La tentación de las “colegiaturas” selectivas
En nuestra vida pública abundan las pertenencias invocadas a demanda. Se es miembro cuando da prestigio; se deja de serlo cuando trae costo reputacional. Se exhibe la credencial para el reconocimiento social y se la esconde cuando llega la vergüenza. Esa lógica no describe una comunidad seria; describe una conveniencia.
Por eso resulta legítimo preguntarse: ¿en qué medida y bajo qué criterio una asociación se considera dañada por la conducta privada de una persona? ¿Cuál es el estándar? ¿La mera mención de una actividad religiosa, profesional o social ya constituye una imputación institucional?
No es lo mismo decir “era reconocido oficialmente por tal institución” que consignar una característica por la cual era conocido en su entorno. Esa diferencia importa. Mucho. Importa para el periodismo, para el derecho y para la honestidad intelectual.
El periodismo no está obligado a reescribir la percepción social de un hecho solo porque una entidad se sienta incómoda con la asociación indirecta que produjo la noticia. La incomodidad reputacional no equivale automáticamente a agravio periodístico. Si así fuera, cada corporación, club, iglesia, sindicato, partido o cámara empresaria exigiría rectificaciones cada vez que uno de los suyos protagoniza un escándalo.
Y entonces no informaríamos hechos: administraríamos susceptibilidades.
El punto central: una persona no es una institución
Hay una idea básica que conviene defender sin vueltas: las instituciones no heredan culpas individuales por simple proximidad identitaria. Del mismo modo, tampoco pueden pretender controlar retrospectivamente todas las narrativas sociales sobre las personas que circulan en una comunidad.
Si mañana un médico comete un crimen, eso no convierte en responsables al colegio médico. Si un abogado roba, no queda condenado el foro local. Si un docente golpea, no queda culpada la escuela como cuerpo moral. Y si un hombre vinculado socialmente a una práctica religiosa comete un femicidio o un homicidio brutal, no por eso queda sentenciada toda la comunidad de fe.
Ese principio protege a todos. También al periodismo.
Porque si se rompe, entramos en una zona peligrosa: la de la culpa por pertenencia, donde cada hecho individual debe ser “descontaminado” por comunicados sectoriales. Y una sociedad que empieza a razonar así deja de buscar responsabilidades concretas para refugiarse en disputas de imagen.
Rectificar no es arrodillarse, pero tampoco negar lo evidente
Ahora bien, una cosa no quita la otra. Defender la responsabilidad individual no significa blindarse contra cualquier revisión periodística. Si un medio afirmó como hecho comprobado una investidura formal (“pastor reconocido”, “miembro oficial”, “autoridad de…”) y eso no era exacto, la aclaración factual corresponde. No como concesión a una presión corporativa, sino como obligación profesional con la verdad.
Pero esa eventual aclaración debe hacerse en sus términos correctos, no en los términos de una sobreactuación institucional. Es decir, aclarar si la persona tenía o no reconocimiento formal. Punto. No pedir disculpas por haber informado un crimen. No pedir permiso para describir cómo era identificado socialmente por vecinos. No aceptar que una institución se convierta en tribunal de lo publicable.
En otras palabras: si hubo imprecisión, se corrige la imprecisión; no se concede una reescritura moral del hecho.
El fondo del asunto: quién quiere controlar el relato
En tiempos de sensibilidad extrema y reputaciones frágiles, muchos actores públicos buscan algo más que una rectificación: buscan fijar el marco desde el cual debe leerse una noticia. Quieren que el foco se desplace del crimen a la institución. De la víctima a la aclaración. Del hecho a la marca.
Ese movimiento es comprensible desde la defensa corporativa, pero es problemático para el debate público. Porque termina instalando una idea perversa: que el daño principal de un hecho de sangre no es la vida destruida, sino la incomodidad reputacional de terceros.
No. El daño principal es otro. Siempre.
Y precisamente por eso conviene sostener una línea clara: la responsabilidad penal y moral es personal; las instituciones no son culpables por contagio; y el periodismo no debe rectificar percepciones sociales, sino hechos mal verificados.
Lo demás es una batalla por el prestigio. Y esa batalla, por legítima que sea para una asociación, no puede imponerse sobre el derecho de la sociedad a estar informada con criterio, contexto y precisión.
En una comunidad sana, nadie carga con crímenes ajenos por pertenecer a un oficio, una iglesia o una organización. Pero tampoco nadie puede pretender que la prensa funcione como oficina de limpieza de imagen cada vez que la realidad ensucia una etiqueta. La verdad periodística se corrige cuando hay error; no cuando hay vergüenza.
