si a un proyecto presentado por alguien que ya no es concejal, que no integra ninguna comisión del cuerpo, que no es el Departamento Ejecutivo y que tampoco activó válidamente la iniciativa popular se le da ingreso, se lo reserva y se lo gira a comisión, entonces lo que se está poniendo en riesgo no es una discusión política menor: se está vulnerando la Carta Orgánica que esos mismos concejales tienen el deber de respetar. La Carta es ley suprema municipal y obliga a las autoridades a cumplirla.
La norma local no deja demasiado margen para el acting. Las ordenanzas tienen origen en proyectos presentados por los órganos habilitados por la propia Carta: las comisiones del Concejo, uno o más concejales, el Departamento Ejecutivo y los institutos con derecho para hacerlo conforme a la propia Carta Orgánica. En el régimen vigente de La Banda, además, el Departamento Ejecutivo tiene expresamente la atribución de proyectar ordenanzas.
Rubén More no encaja hoy en ninguna de esas categorías por el solo hecho de haber sido concejal. Exconcejal no es sinónimo de concejal. Pasado el mandato, vuelve a ser un ciudadano común. Y si quiere presentar un proyecto por sí mismo, sólo le queda una vía: la iniciativa popular. Pero esa vía también tiene requisitos estrictos. No se activa con voluntad individual ni con una firma solitaria. La Carta dispone que la iniciativa popular sólo puede ser ejercida por ciudadanos inscriptos en el padrón, mediante un proyecto avalado por promotores que representen como mínimo el 10% del padrón electoral, con identificación completa y firmas autenticadas por autoridad judicial, policial o escribano.
Y la misma Carta agrega algo todavía más contundente: el Concejo tiene diez días hábiles para verificar esas formalidades y, si el proyecto no cumple con esos requisitos, “será rechazado sin más trámite”. No dice “podrá”. No dice “según conveniencia política”. Dice será rechazado sin más trámite.
Ahí está el núcleo del escándalo.
Porque al darle ingreso al expediente de Rubén More, al pedir su pase a comisión y al reservarlo, Gabriel Santillán, como presidente del cuerpo, junto a Bianca Vinocur que pidió la reserva y Miguel Ángel Montenegro (en la cocina), no quedaron del lado de la pulcritud institucional. Quedaron del lado de una interpretación peligrosa: la de que la Carta Orgánica puede torcerse cuando conviene políticamente.
Y eso es grave por dos razones.
La primera es inmediata: si el cuerpo acepta tramitar como si fuera válido un proyecto nacido fuera de los carriles que la Carta fija, está habilitando una práctica arbitraria. Porque mañana ya no habrá un criterio jurídico para frenar la avalancha. Si More pudo, ¿por qué no cualquier otro exfuncionario? ¿Por qué no cualquier dirigente barrial? ¿Por qué no cualquier particular con un texto en la mano y cero representación? El precedente que deja esta maniobra es demoledor: abre la puerta para que miles de ciudadanos sin legitimación orgánica ni cumplimiento de los recaudos de iniciativa popular pretendan que sus proyectos sean tratados igual. No sería participación democrática. Sería demolición reglada del sistema de formación de ordenanzas. La propia Carta distingue con claridad entre participación ciudadana y ejercicio regular de la iniciativa.
La segunda razón es todavía más delicada: los actos administrativos deben ajustarse a las formalidades, requisitos y exigencias establecidas en la Carta Orgánica, en las ordenanzas y en su reglamentación. Eso también lo dice la Carta. Y agrega otra bomba jurídica: toda ordenanza, resolución, decreto o disposición contraria a la Constitución Nacional, Provincial o a la propia Carta Orgánica será nula. Además, agotada la vía administrativa, la Carta habilita la acción contencioso-administrativa para quien invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, personal o actual.
Pero hay algo todavía más miserable en todo este episodio: la laxitud de la oposición.
Porque aun existiendo dos proyectos de Ficha Limpia anteriores, ya presentados y durmiendo el sueño de los justos en los cajones de la comisión, la reacción opositora fue escasa, tibia, casi burocrática. Votaron el pase a comisión. En lugar de plantarse con firmeza frente a una violación ostensible del procedimiento, en lugar de exigir que se desempolven y se traten los proyectos que sí ingresaron por carriles institucionales, se permitió que el debate quedara capturado por una maniobra irregular, ruidosa y efectista.
Eso agrava todo.
Porque no sólo falla el oficialismo cuando abre la puerta a lo improcedente. También falla una oposición que, teniendo herramientas previas, antecedentes legislativos y motivos políticos de sobra para defender el principio de legalidad, elige la modorra, la especulación o la comodidad del silencio. Y cuando la oposición también se vuelve perezosa frente a la degradación institucional, lo que se consolida no es una república en tensión saludable, sino un pantano donde todo da lo mismo.
Si ya había dos proyectos de Ficha Limpia archivados de hecho en comisión, entonces el ingreso dado al expediente de Rubén More no sólo es jurídicamente objetable: también revela una enorme cuota de hipocresía política. Porque queda claro que el problema nunca fue la urgencia moral de sancionar una norma. Si hubiera existido verdadera voluntad de avanzar, el Concejo ya habría puesto en discusión esos textos previos. Lo que aparece ahora no es apuro institucional. Es maquillaje democrático.
Y ahí está la radiografía completa del episodio: un oficialismo o mayoría circunstancial que le da tratamiento a lo que no corresponde, y una oposición que no defiende con la energía necesaria ni la Carta Orgánica ni sus propios antecedentes parlamentarios. Entre unos y otros, lo que se vulnera es la seriedad del sistema.
Por eso este episodio no merece una lectura ingenua. No parece la defensa honesta de una herramienta democrática. Parece, más bien, una de esas operaciones donde se toma una bandera noble para vaciarla desde adentro. Porque una cosa es defender Ficha Limpia. Otra muy distinta es ensuciarla con un trámite irregular hasta volverla jurídicamente atacable antes de que nazca.
Y aquí hay un dato político que no debería pasarse por alto: quienes legislan también tienen la obligación primaria de cumplir la Carta Orgánica. No son sus dueños. No son sus intérpretes caprichosos. No pueden usarla como escenografía cuando les conviene y después pisotearla cuando estorba. Santillán, Vinocur y Montenegro no estaban sentados allí para convalidar atajos. La oposición tampoco. Estaban sentados allí para impedirlos.
Si de verdad querían defender una ordenanza seria, tenían caminos limpios: que la presentara uno o más concejales, que la impulsara el Departamento Ejecutivo, o que se activara una verdadera iniciativa popular con el 10% del padrón y las firmas autenticadas. Lo demás no es institucionalidad. Es utilería.
En el fondo, lo que quedó expuesto no es una convicción republicana sino una mezquindad política revestida de solemnidad. Y eso es lo más inquietante. Porque cuando las instituciones empiezan a admitir excepciones para los amigos, para los aliados ocasionales o para los discursos que quedan bien, dejan de funcionar como instituciones y pasan a operar como decorado.
No se trata de defender a Rubén More ni de atacar a Rubén More.
No se trata siquiera de discutir, todavía, el contenido de Ficha Limpia.
Se trata de algo anterior y más importante: defender la Carta Orgánica de quienes deberían custodiarla y hoy la están debilitando desde adentro.
Porque la República no se rompe sólo cuando alguien roba.
También se rompe cuando quienes deben cumplir las reglas empiezan a tratarlas como una sugerencia.
Y se termina de romper cuando enfrente no hay una oposición firme, sino una oposición dormida.
