El PAMI ha dejado de ser, hace rato, una obra social para convertirse en una escena del deterioro argentino. Lo que debía ser un sistema de cuidado para millones de jubilados terminó atrapado entre el ajuste, la crueldad administrativa y una lógica política cada vez más obscena. Esta semana, el paro nacional de 72 horas lanzado por médicos y odontólogos de cabecera dejó al descubierto algo mucho más grave que un conflicto sectorial: dejó expuesto que el mayor organismo de cobertura sanitaria del país está siendo llevado al límite. La medida comenzó el 13 de abril y se extiende hasta hoy, en rechazo a cambios en el esquema de pagos dispuestos por el Instituto.
La Resolución 1107/2026, firmada el 9 de abril, modificó el sistema prestacional de los médicos de cabecera. El Gobierno y las autoridades podrán envolver la decisión en palabras prolijas, hablar de reordenamiento o de eficiencia, pero la realidad es otra: cuando se cambia la estructura de ingresos de quienes sostienen la atención primaria y la reacción inmediata es una huelga nacional, no hay modernización posible. Hay ruptura. Y cuando esa ruptura impacta sobre más de 5 millones de afiliados, ya no se está gestionando una obra social: se está jugando con la salud de los más frágiles.
No se trata solo de médicos en conflicto. También están los trabajadores del propio PAMI, ese personal administrativo y operativo que mantiene de pie una estructura inmensa mientras es castigado con salarios congelados, ausencia de paritarias y condiciones de destrato que los gremios vienen denunciando desde hace meses. ATE afirmó que los más de 12.500 trabajadores del organismo perdieron más del 60% de su poder adquisitivo en el último año y que el último incremento relevante había quedado sepultado muy atrás frente a la inflación. Eso, en una institución que debería ser ejemplo de protección social, no es una desprolijidad: es una infamia.
Pero hay algo todavía más inquietante. Sobre el conflicto laboral sobrevuela una denuncia que, de ser cierta, retrata con precisión quirúrgica la degradación moral del organismo: que dentro del PAMI ya no se premia la capacidad, el esfuerzo ni la trayectoria, sino la obediencia partidaria. Que hay trabajadores considerados excelentes si son libertarios y pésimos si no lo son. Que la vara no es la idoneidad, sino la bandería gobernante. Las denuncias de persecución gremial, no renovación de contratos y castigo a quienes resisten alimentan esa sospecha con una gravedad imposible de disimular. Y si en una obra social que atiende a los viejos del país se clasifica al personal por afinidad política, entonces el problema ya no es solo sanitario ni laboral: es profundamente moral y también institucional.
Lo que asoma detrás de todo esto es una concepción del Estado tan brutal como rudimentaria. Una concepción según la cual la salud deja de ser un derecho para transformarse en un costo, los médicos pasan a ser una variable de ajuste y los empleados públicos quedan reducidos a piezas obedientes de una maquinaria de disciplinamiento. La nota publicada por El Termómetro lo resumió con crudeza: el Gobierno quiere reemplazar el principio solidario de salud por un principio financiero. Dicho sin vueltas: ya no se trata de cuidar personas, sino de cerrar números. Y cuando el número manda más que la vida, lo que sigue no es una reforma. Es un vaciamiento con formularios.
El drama es todavía más feroz porque el blanco de esta política son los afiliados del PAMI: jubilados, enfermos crónicos, personas solas, adultos mayores que no tienen tiempo ni resto para soportar experimentos de laboratorio ideológico. Cada demora, cada médico que se baja, cada mostrador con menos personal, cada oficina enrarecida por el miedo o la persecución, repercute sobre gente concreta. Sobre personas que necesitan remedios, turnos, derivaciones y respuestas. No épica. No marketing. No dogma. Respuestas.
Por eso lo que ocurre en el PAMI no puede leerse como una pelea administrativa más. Es una radiografía del modelo. Un sistema donde se ajusta sobre los viejos, se exprime a los médicos, se maltrata a los trabajadores y, según las denuncias, se mide al personal por su alineamiento político. Todo al mismo tiempo. Todo en nombre de una eficiencia que solo produce daño. Todo en nombre de una supuesta modernización que, en los hechos, huele a castigo.
El resultado está a la vista: una obra social gigantesca puesta de rodillas, profesionales en paro, empleados humillados y afiliados en vilo. Y un Gobierno que parece no advertir —o peor: que sí lo advierte y aun así avanza— que hay límites que no deberían cruzarse nunca. Porque una cosa es administrar mal. Otra muy distinta es administrar el sufrimiento. Y eso es exactamente lo que empieza a verse aquí: un Estado que no cuida, no escucha y no corrige, sino que selecciona, aprieta y abandona.
En el PAMI ya no solo está en crisis la atención. Está en crisis la idea misma de humanidad que debería sostenerla. Y cuando una obra social para jubilados empieza a funcionar con criterio de ajuste y obediencia política, lo que se enferma no es solo el sistema. Lo que se enferma es el país.
