Hay una confusión que conviene terminar de una vez y para siempre: la información pública no le pertenece al funcionario. No es un bien privado, no es una caja cerrada, no es una propiedad del despacho de turno ni una gentileza que se concede según el humor del día. La información pública es de la sociedad. Y quienes ocupan cargos en el Estado, desde el más alto funcionario hasta el último organismo administrativo, tienen la obligación de entregarla cuando un ciudadano o un periodista la solicita dentro del marco que establece la ley.
Parece una verdad elemental, pero en la práctica todavía hay demasiados que actúan como si abrir un expediente, informar cuántos proyectos presentó un concejal, detallar qué hizo un diputado en su mandato o responder un pedido formal del periodismo fuera una humillación.Como si dar explicaciones fuese una carga injusta. Como si el silencio, la demora o la evasiva fueran recursos legítimos para administrar lo que en realidad no les pertenece.
No lo es.
En una república seria, el acceso a la información pública no adorna discursos institucionales: ordena conductas. Es una herramienta concreta para que la sociedad pueda saber qué hacen sus representantes, cómo funcionan los organismos, en qué se usan los recursos y cuál es la verdadera productividad de quienes viven del mandato popular. Y cuando el periodismo pide esa información, no lo hace en nombre de una curiosidad personal ni por capricho. Lo hace porque cumple una tarea esencial: traducir, ordenar, controlar y acercar al ciudadano datos que el poder muchas veces prefiere mantener dispersos, ocultos o enterrados bajo montañas de papeles, excusas y burocracia.
Por eso cada pedido periodístico de información pública tiene una dimensión que va mucho más allá de quien firma una nota o envía un correo. Detrás de ese pedido está el derecho colectivo de la gente a saber. Está el derecho del vecino a conocer si el concejal al que votó trabajó o apenas ocupó una banca. Está el derecho del contribuyente a saber si un diputado presentó iniciativas relevantes o si pasó años enteros levantando la mano, posando para la foto y cobrando una dieta. Está el derecho de la sociedad a distinguir entre la representación real y la simulación institucional.
En los cuerpos deliberativos esto es todavía más importante. Porque allí suele ocurrir una trampa silenciosa de la política: muchos cargos tienen visibilidad pública, pero escasa trazabilidad real para el ciudadano común. La gente escucha nombres, ve declaraciones, mira fragmentos de discusiones, consume propaganda o redes sociales, pero no siempre sabe con precisión qué hizo en términos concretos esa persona a la que eligió o a la que sostiene con sus impuestos. ¿Cuántos proyectos presentó? ¿Cuáles fueron de su autoría? ¿Cuántos prosperaron? ¿Qué temas impulsó? ¿Qué defendió con seriedad? ¿Qué prioridades tuvo? ¿Cuál fue su aporte legislativo efectivo? Esas no son preguntas menores. Son preguntas centrales para medir la calidad de una representación.
Y, sin embargo, en demasiadas ocasiones acceder a esa información se vuelve una carrera de obstáculos. Hay oficinas que no contestan. Hay áreas que patean el expediente de un escritorio a otro. Hay funcionarios que se ofenden porque se les pide rendir cuentas. Hay autoridades que creen que responder un requerimiento periodístico es abrir una puerta peligrosa. ¿Peligrosa para quién? No para la democracia. Peligrosa, en todo caso, para la comodidad de quienes se acostumbraron a moverse sin control, a esconder su pobreza de gestión detrás de slogans vacíos o a cubrir con formalismos lo que no resiste la luz.
Porque seamos francos: muchas veces detrás del silencio no hay desorden. Hay decisión. No hay mera ineficiencia. Hay conveniencia. No se responde porque responder obligaría a mostrar lo que se prometió y no se hizo. Lo que se cobró y no se justificó. Lo que se dijo en campaña y se abandonó al llegar al cargo. Lo que se vende como trabajo y apenas fue presencia decorativa.
Cuando un organismo público ignora un pedido de acceso a la información, no está simplemente incumpliendo un trámite. Está lesionando un principio democrático básico. Está diciendo, en los hechos, que la sociedad no merece saber. Está suponiendo que el ciudadano debe seguir a oscuras. Está apostando a que la desinformación haga el resto. Que la gente no pregunte. Que el periodista se canse. Que el tiempo tape todo. Que la opacidad funcione como una alfombra cómoda bajo la cual esconder las miserias de la gestión.
Y ése es uno de los daños más profundos que puede sufrir una democracia: la naturalización del ocultamiento.
Porque una democracia no se degrada solamente cuando se violan grandes principios o cuando ocurren escándalos resonantes. También se desgasta en pequeñas prácticas de desprecio cotidiano hacia el derecho ciudadano a saber. Se erosiona cuando la información se convierte en botín del funcionario. Se debilita cuando los organismos públicos se comportan como fortalezas cerradas. Se envilece cuando el periodismo tiene que rogar por datos que deberían estar disponibles con claridad, prolijidad y vocación de transparencia.
No hay calidad institucional donde responder depende de la voluntad personal de un funcionario. No hay república sana donde la información aparece sólo cuando conviene políticamente. No hay control posible donde todo pedido se vive como una agresión. Y no hay ciudadanía madura donde el acceso a los datos públicos está bloqueado por el miedo, la picardía o el cálculo.
Algunos creen que estos reclamos son exageraciones del periodismo. No lo son. El periodismo cumple en este punto una función insustituible: evita que la opacidad se vuelva costumbre. Pregunta donde otros callan. Insiste donde otros se resignan. Ordena información que el poder entrega fragmentada o no entrega. Y, sobre todo, pone en conocimiento de la sociedad aquello que el Estado está obligado a mostrar. Cuando ese trabajo encuentra puertas cerradas, no se afecta sólo a una redacción. Se afecta el derecho de toda la comunidad a tener elementos para juzgar a sus representantes.
Un ciudadano mal informado vota peor, controla menos y depende más del relato que de los hechos. Ése es el negocio de la opacidad: reemplazar la verdad comprobable por la propaganda. Cambiar documentos por discursos. Sustituir evidencia por marketing. Dejar que la imagen tape al contenido y que la presencia mediática suplante al rendimiento real. En ese terreno, los más beneficiados son siempre los mismos: los que hacen poco y hablan mucho, los que necesitan niebla para disimular su vaciedad, los que sólo pueden sobrevivir políticamente si la sociedad sigue sin acceder a información ordenada, precisa y verificable.
Por eso resulta tan grave que haya organismos y funcionarios que hagan caso omiso de los pedidos periodísticos. Porque en ese gesto no hay sólo soberbia. Hay una forma concreta de desprecio por la vida democrática. Se niega información para que no se mida la gestión. Se demora para que el dato pierda oportunidad. Se esconde para que el incumplimiento no tenga costo. Se complica el acceso para desalentar preguntas futuras. Todo eso tiene una lógica: conservar impunidad funcional.
La impunidad funcional no siempre se expresa en delitos espectaculares. A veces adopta la forma gris del expediente que no se responde, del correo que nadie contesta, del informe que nunca llega, de la oficina que “está viendo” o “lo elevará a quien corresponda”. Esa gramática de la dilación no es inocente. Está diseñada para desgastar al que pregunta y proteger al que debería dar explicaciones.
Y allí aparece una obligación ética adicional de los cuerpos deliberativos, legislaturas, concejos y parlamentos: ser ejemplares. Porque si precisamente quienes hacen normas, controlan al Ejecutivo o dicen representar la voz del pueblo no pueden exhibir con claridad qué hicieron, cuántos proyectos presentaron, cuáles son de su autoría y cómo ejercieron el mandato, entonces el problema ya no es administrativo. Es moral. Es político. Es institucional.
No puede haber bancas opacas en nombre de la democracia. No puede haber representantes que pidan confianza y oculten balance. No puede haber dirigentes que hablen a diario de participación ciudadana y, al mismo tiempo, obstaculicen el acceso a los datos que permitirían evaluar su desempeño. La confianza pública no se reclama: se construye. Y se construye con hechos, con rendición de cuentas y con información abierta.
La transparencia, además, no protege sólo al ciudadano. También protege a los buenos funcionarios. A los que trabajan, producen, estudian los temas, presentan iniciativas y pueden mostrar resultados. Un sistema de información pública eficiente separa con nitidez al que cumple del que finge. Por eso los que más deberían defender estas reglas son justamente quienes no tienen nada que esconder. Cuando la transparencia molesta, casi siempre es porque expone. Y cuando expone, deja al descubierto algo más incómodo que un error: deja al descubierto la mentira del mérito que nunca existió.
En definitiva, cada pedido de acceso a la información pública es una prueba de calidad democrática. La respuesta rápida, completa y seria demuestra respeto por la ley, por el periodismo y por la ciudadanía. La negativa, la demora o el silencio revelan lo contrario: miedo a la verdad, desprecio por el control y vocación por administrar oscuridad.
La democracia no se defiende sólo votando. También se defiende sabiendo. Sabiendo quién hizo, quién no hizo, quién trabajó, quién simuló, quién presentó, quién faltó, quién rindió cuentas y quién se escondió detrás de un cargo para no ser medido. Y para que eso ocurra, el acceso a la información pública debe dejar de ser tratado como un fastidio por quienes deberían garantizarlo.
Porque el poder que se niega a informar no está cuidando instituciones: está cuidándose a sí mismo. Está ocultando sus miserias bajo la alfombra. Está apostando a la ignorancia social como método de supervivencia. Está degradando la relación entre representantes y representados. Y está diciendo, sin decirlo, que prefiere una ciudadanía desinformada antes que una sociedad capaz de mirar, entender y exigir.
Al final, la cuestión es simple y brutal. Quien oculta información pública no le cierra la puerta a un periodista: se la cierra al pueblo. Y una democracia que tolera que le nieguen al pueblo el derecho a saber empieza a parecerse demasiado a una democracia vaciada. Porque donde la información se esconde, la verdad se debilita; donde la verdad se debilita, manda la impunidad; y donde manda la impunidad, ya no gobierna la República: gobierna la sombra.
