Por el Lic. Federico Scrimini
Economista del CyAC
Subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos de la Provincia
En política, las ideas pueden fascinar; en el Estado, tienen que funcionar. Y cuando se pregunta en qué país del mundo triunfó un modelo anarco-capitalista —no liberal, no promercado, no “ajuste”, sino anarco-capitalista de verdad—, la respuesta histórica de los últimos cien años es brutalmente simple: en ninguno.
No porque no haya existido pensamiento, doctrina, literatura o militancia. Todo eso existe. Lo que no apareció fue el caso nacional, estable, sostenible y replicable. Hubo experimentos parciales, hubo gobiernos que desregularon, privatizaron y recortaron; hubo enclaves con reglas especiales; hubo incluso territorios en colapso estatal que algunos vendieron como “mercados sin Estado”. Pero una sociedad compleja de millones de personas, con moneda, justicia, infraestructura, seguridad, contratos, fronteras, crisis y conflictos, nunca fue organizada de punta a punta bajo un diseño anarco-capitalista.
La historia, en ese sentido, no refuta solo una ideología: refuta una confusión. Confundir menos Estado con sin Estado. Confundir reformas de mercado con anarco-capitalismo. Confundir shock con modelo. Y confundir, sobre todo, retórica de campaña con arquitectura de gobierno.
Qué es anarco-capitalismo y qué no es
Para no discutir caricaturas, conviene ordenar conceptos.
El anarco-capitalismo no es simplemente “defender el mercado” ni “bajar impuestos”. Es una doctrina que plantea, en términos filosóficos, que funciones tradicionalmente estatales —seguridad, justicia, arbitraje, incluso parte del orden jurídico— pueden ser reemplazadas por contratos privados, competencia entre agencias y arreglos voluntarios. Su núcleo no es fiscal; es institucional: cuestiona el monopolio estatal de la coerción.
Ahí está la diferencia clave.
No es lo mismo que:
- Liberalismo clásico: limita al Estado, pero no lo elimina. Suele aceptar un Estado de derecho, justicia, defensa y ciertas funciones públicas.
- Minarquismo: Propone un “Estado mínimo” (seguridad, justicia, defensa), pero sigue habiendo Estado.
- Libertarianismo: Es una familia amplia; incluye desde minarquistas hasta anarco-capitalistas. No todo libertario es anarcocapitalista.
- Neoliberalismo (término discutido, muchas veces usado como bolsa): refiere más a políticas de apertura, privatización, desregulación y disciplina fiscal/monetaria dentro de Estados existentes.
- Ajuste fiscal o shock económico: es una herramienta de política macro. Puede hacerlo un gobierno conservador, liberal, peronista o socialdemócrata en crisis. No define por sí sola un modelo institucional.
Por eso, decir “un gobierno recortó gasto” no prueba anarco-capitalismo. Del mismo modo, decir “privatizó empresas” tampoco. Un gobierno puede privatizar y, al mismo tiempo, reforzar fuerzas de seguridad, expandir poder ejecutivo, controlar moneda, regular fronteras, recaudar impuestos y sostener un aparato estatal enorme. Eso será otra cosa —discutible, polémica, exitosa o fallida—, pero no anarco-capitalismo pleno.
La respuesta corta: en los últimos 100 años no hubo un país anarco-capitalista
Si se exige un criterio serio —escala nacional, continuidad temporal, reconocimiento internacional, instituciones estables y reemplazo efectivo del Estado por arreglos privados— el casillero queda vacío.
¿Por qué?
Porque las sociedades modernas requieren resolver, de manera cotidiana y masiva, problemas que no desaparecen por decreto ideológico:
- quién define y hace cumplir contratos cuando hay conflicto,
- quién impone decisiones cuando una parte no acepta,
- quién garantiza seguridad frente a violencia organizada,
- quién emite/ordena la moneda o arbitra crisis monetarias,
- quién coordina infraestructura de red (rutas, puertos, energía, agua),
- quién responde ante pandemias, guerras, catástrofes o quiebras sistémicas,
- quién evita que un monopolio privado se convierta en un “Estado de hecho”.
El punto no es ya moral. Es operativo. Una comunidad de millones no funciona solo con teoría de incentivos. También necesita poder, legitimidad y coerción legítima. Y ahí es donde los modelos radicales suelen chocar con la pared de la historia.
Los casos que se citan siempre (y por qué no equivalen)
1) Chile de Pinochet: mercado sí, Estado fuerte también
Chile suele aparecer en el debate como “prueba” de liberalización extrema. Hubo reformas promercado profundas: apertura comercial, privatizaciones, cambios previsionales, disciplina macro en distintos tramos, rediseño del rol económico estatal. Pero presentar eso como anarco-capitalismo es un error conceptual serio.
¿Por qué? Porque el experimento chileno se hizo bajo:
- dictadura militar,
- concentración del poder político,
- fuerte aparato coercitivo,
- represión estatal,
- diseño constitucional y jurídico impuesto desde arriba.
Es decir: no hubo abolición del Estado; hubo un Estado con enorme capacidad de imposición que reordenó la economía. Se puede debatir cuánto crecimiento generó, qué estabilidad consiguió o qué costos sociales dejó. Lo que no se puede sostener con rigor es que haya sido un caso anarco-capitalista.
De hecho, el caso chileno muestra lo contrario de la fantasía romántica: las reformas de mercado más profundas de la región no nacieron de una sociedad sin Estado, sino de un Estado extremadamente concentrado.
2) Thatcher y Reagan: desregulación dentro de Estados potentes
Reino Unido y Estados Unidos en los años 80 son otras referencias recurrentes. Sí, hubo:
- desregulación en sectores,
- ofensiva política contra sindicatos,
- reducción de algunas cargas,
- privatizaciones (sobre todo en Reino Unido),
- giro ideológico promercado.
Pero ni Thatcher ni Reagan desmontaron el Estado como monopolio de la coerción. Ninguno reemplazó justicia por agencias privadas en competencia, ni eliminó la autoridad estatal sobre moneda, defensa, policía, fronteras o política exterior.
Al contrario: ambos gobernaron Estados nacionales robustos, con fuerte aparato institucional, militar y financiero. Otra vez: puede discutirse el saldo histórico, pero no el concepto. No fue anarcocapitalismo.
3) Nueva Zelanda (reformas de los 80/90): laboratorio de mercado, no abolición estatal
Nueva Zelanda es tal vez uno de los casos más serios de reforma profunda en democracia: apertura, desregulación, reforma del sector público, cambios en empresas estatales, disciplina macro. Es una referencia útil para discutir la modernización del Estado y reformas de mercado.
Pero precisamente por eso también sirve para marcar el límite:
- siguió habiendo Estado de derecho.
- banco central,
- sistema judicial público,
- política social,
- regulación, aunque rediseñada.
El aprendizaje de Nueva Zelanda no es “el Estado sobra”, sino algo más incómodo para los maximalismos: el Estado puede reformarse sin desaparecer. Y, muchas veces, para que el mercado funcione mejor, hace falta un Estado que funcione mejor.
4) Hong Kong / Singapur (casos de “libertad económica”): alta capacidad estatal, no anarquía de mercado
En discusiones de café o de redes se mencionan a menudo como ejemplos de “capitalismo extremo”. Tuvieron (y tienen) rasgos de apertura, facilidad para hacer negocios y marcos proempresa. Pero son, otra vez, malos ejemplos para sostener anarco-capitalismo.
Singapur combina apertura económica con altísima capacidad estatal, planificación estratégica, empresas vinculadas al Estado y fuerte intervención en vivienda, suelo y orden urbano.
Hong Kong (en su historia colonial y posterior) tuvo un marco promercado importante, pero bajo orden político e institucional definido por una autoridad soberana, no por competencia de agencias privadas de justicia y seguridad.
Son ejemplos de capitalismo con Estado (y en algunos planos muy duro), no de abolición del Estado.
El espejismo más peligroso: confundir colapso estatal con “mercado libre”
Somalia: cuando el Estado cae no nace automáticamente la libertad
Cada tanto aparece la idea de que territorios con Estado colapsado prueban que “se puede vivir sin Estado”. Somalia suele entrar en esa conversación. El argumento, en su versión más cruda, dice: al desaparecer el Estado central, algunos mercados siguieron funcionando; por lo tanto, había evidencia pro-anarco-capitalismo.
Ese razonamiento mezcla dos cosas distintas:
- supervivencia económica de emergencia, y
- orden social estable basado en instituciones privadas consensuadas.
Que en un territorio en guerra, fragmentado y con violencia armada existan intercambios comerciales no demuestra un modelo político exitoso. Demuestra que las personas, incluso en el desastre, intentan sobrevivir. En escenarios de colapso:
- suben costos de transacción,
- manda la fuerza territorial,
- se multiplican actores armados,
- la incertidumbre jurídica se dispara,
- la inversión de largo plazo cae,
- los derechos dependen de poder local, clan o milicia.
Eso no es “mercado libre” en sentido cívico. Es, muchas veces, mercado bajo amenaza. Y la consecuencia histórica suele ser previsible: deterioro institucional, violencia y fragilidad crónica.
El error acá no es solo económico; es moral y político. Romantizar el colapso como experimento ideológico.
Enclaves y zonas especiales: interesantes, pero no son un país
Otro argumento frecuente apunta a enclaves, ciudades privadas o zonas con regímenes especiales. Ahí sí hay algo para mirar con más atención, pero sin inflar lo que no son.
Las zonas económicas especiales, “charter cities” o proyectos como algunas iniciativas en Honduras (ZEDEs) muestran un intento de crear marcos regulatorios diferenciados para atraer inversión, empleo y actividad. Pueden ofrecer lecciones sobre:
- simplificación normativa,
- seguridad jurídica,
- competencia entre jurisdicciones,
- innovación institucional.
- Pero incluso en sus versiones más ambiciosas:
- dependen de un Estado soberano que las autoriza,
- operan bajo un marco constitucional o legal que puede cambiar,
- tienen límites territoriales,
- enfrentan legitimidad democrática y conflictos de soberanía.
Y ahí está el punto. Un enclave puede ser un laboratorio. No es una nación moderna completa. No administra un país entero con sus contradicciones. No procesa la totalidad del conflicto social. No reemplaza la política; la posterga dentro de un perímetro.
Muchos de estos ensayos, además, muestran un límite decisivo: sin consenso social y político amplio, la innovación institucional queda expuesta a reversión. Es decir, la “certeza” para invertir termina dependiendo del mismo factor que el anarco-capitalismo querría minimizar: la política.
Milei, la retórica anarco-capitalista y la realidad de gobernar Argentina
Acá está la parte más incómoda para fanáticos y detractores por igual: una cosa es la doctrina, otra la gestión.
Javier Milei construyó buena parte de su identidad política desde una crítica radical al Estado y una reivindicación libertaria, con referencias anarco-capitalistas en el plano filosófico. Pero gobernar Argentina —un país federal, presidencialista, con Congreso, gobernadores, Justicia, sindicatos, deuda, pobreza, sistema previsional, moneda frágil y alta conflictividad distributiva— obliga a entrar en una zona menos épica y más áspera: la administración del Estado realmente existente.
Eso produce una tensión permanente entre:
- retórica de demolición (“el Estado es…”, “la casta…”, “la motosierra…”),
- y práctica de gobierno (decretos, ministerios, fuerzas de seguridad, agencias, negociación legislativa, presupuesto, política cambiaria, deuda, relaciones exteriores).
- Dicho de otro modo: aun un presidente ideológicamente radical no gobierna una página de teoría. Gobierna una sociedad.
Qué parte sí puede traducirse en política pública
Dentro de un Estado constitucional, un programa libertario/promercado puede intentar:
- recorte del gasto,
- desregulación,
- privatizaciones,
- simplificación tributaria,
- apertura comercial,
- reforma laboral,
- reforma del Estado,
- reglas monetarias más duras,
- reducción de subsidios.
Todo eso puede ser mucho, puede cambiar la vida de millones y puede generar efectos negativos según diseño y contexto. Pero, aun si no convierte automáticamente al país en anarco-capitalista.
Qué parte choca con límites estructurales
Hay límites que no son “traición” al ideario; son límites de la realidad institucional:
- Constitución y división de poderes,
- federalismo y provincias,
- sistema judicial,
- necesidad de recaudar mientras el Estado existe,
- administración de crisis,
- seguridad interior,
- política social en contextos de pobreza,
- legitimidad política para sostener reformas.
Por eso la pregunta histórica sobre el anarco-capitalismo no es un detalle académico: ilumina una verdad actual. Entre una filosofía radical y una presidencia hay una distancia enorme llamada Estado.
La confusión argentina de época: creer que todo shock es un modelo completo
En Argentina, además, hay una tentación recurrente: etiquetar cualquier giro económico fuerte como “modelo” terminado. Si hay ajuste, se dice “es liberalismo salvaje”. Si hay controles, se dice “es socialismo”. Si hay desregulación, se dice “anarcocapitalismo”. Son atajos de discusión que sirven para la tribuna, pero empobrecen el análisis.
Un gobierno puede aplicar medidas muy duras de estabilización y seguir operando con herramientas clásicas del Estado. Puede hablar contra el Estado y, a la vez, depender de él para ejecutar su agenda. Puede ganar apoyo por fatiga social frente al fracaso del modelo anterior y, aun así, no tener resuelto cómo construir una institucionalidad duradera.
Ese es el examen de fondo. No si una consigna suena potente, sino si puede volverse orden legítimo, estabilidad, inversión y convivencia sin romper el tejido social. La historia de los últimos cien años sugiere que las sociedades que mejor funcionan no son las que abolieron el Estado, sino las que lograron hacerlo más eficaz.
La respuesta histórica, guste o no, es esta: no triunfó en ninguno a escala nacional en los últimos cien años.
Lo que hubo fueron tres cosas:
- reformas de mercado dentro de Estados fuertes,
- enclaves experimentales de alcance limitado, y
- colapsos estatales que algunos confundieron —o quisieron vender— como libertad.
La lección no es que toda crítica al Estado sea inválida. Al contrario: muchas veces es necesaria. La lección es más severa: una sociedad no se gobierna con slogans máximos. Se gobierna con instituciones, incentivos, legitimidad, equilibrio de poder y capacidad de corregir errores sin incendiar el edificio.
El anarco-capitalismo, hasta ahora, triunfó sobre todo como provocación intelectual, como lenguaje de impugnación y como motor de discusión sobre los excesos del Estado. Pero cuando tuvo que rendir examen en la escala de un país real, con pobres, ricos, jueces, rutas, hospitales, crisis y fronteras, la historia le puso la misma nota una y otra vez: ausente.
Y la política, que siempre vuelve, dejó la firma al pie.
