En el barrio, el consumo problemático no “explota”: crece por goteo. Empieza con lo que parece normal —energizantes, alcohol— y se mezcla con angustia, deserción escolar, violencia intrafamiliar o simple falta de horizonte. Mientras la red de contención se vuelve porosa, el narcomenudeo se vuelve un organizador: pertenencia, plata rápida, roles. Recién cuando hay un hecho policial se instala el tema. Y ahí aparece el atajo: bajar la edad de imputabilidad. Pero el barrio ya avisó: cuando la respuesta es solo punitiva, el resultado suele ser más daño, más reincidencia y menos tejido social.
En Santiago del Estero —como en tantas provincias— la conversación pública suele encenderse recién cuando ocurre un hecho violento, cuando hay un robo, una puñalada, un motochorro, un menor detenido. Pero el consumo problemático no es una noticia repentina: es un proceso. Y el narcomenudeo, en clave barrial, es menos “serie policial” y más economía clandestina montada sobre vulnerabilidad y reclutamiento.
La evidencia nacional muestra por dónde empieza el camino. En población escolar, el consumo más extendido sigue siendo el alcohol, muy por encima del resto, y aparecen con fuerza energizantes y vapeadores; detrás, tabaco, marihuana y psicofármacos sin indicación.
Y lo más inquietante no es solo el “qué”, sino el “cuándo”: la edad de inicio se ubica temprano (energizantes cerca de 12; alcohol 13; tabaco y marihuana 14; cocaína 15, según ese relevamiento).
Ese dato cambia el encuadre: si la puerta de entrada es temprana, la respuesta también debería serlo. No de castigo. De prevención, contención y tratamiento.
Qué se consume y por qué importa decirlo bien
En los barrios circula de todo, pero no todo cumple el mismo rol social.
El alcohol funciona muchas veces como “normalidad” y puerta de entrada (fiestas, esquinas, previas).
Los vapeadores y energizantes se instalaron como consumo juvenil “de moda” y, a la vez, como puente hacia rutinas de mayor riesgo.
La marihuana aparece como consumo extendido entre pares, con lecturas sociales cambiantes (desde la banalización hasta el uso problemático).
Los psicofármacos sin receta son la alarma silenciosa: ahí hay salud mental, angustia y falta de abordaje.
Decirlo bien importa por un motivo: si se reduce todo a “droga = delincuencia”, la política pública se equivoca de puerta. Entra por la comisaría cuando el problema ya ha pasado por la familia, la escuela, la salita, el club, el hospital.
Tratamiento y contención: la red existe, pero ¿llega a tiempo?
En Argentina hay una red federal y comunitaria que muchas veces se conoce poco. SEDRONAR sostiene una línea gratuita nacional (141, 24/7) para escucha, orientación y derivación.
Y además promueve la Red Territorial (dispositivos comunitarios y casas de acompañamiento, entre otros formatos) para acercar atención a los barrios.
En Santiago del Estero, el mapa real de recursos siempre es mixto: salud pública, dispositivos comunitarios, organizaciones barriales, escuelas, iglesias, clubes y áreas provinciales específicas. Incluso hay experiencias donde centros de salud articulan con equipos territoriales para abordaje de adicciones (por ejemplo, UPAs que mencionan trabajo mancomunado con dispositivos comunitarios y equipos profesionales).
La pregunta judicial y social es brutal por su simpleza: ¿qué pasa entre el primer consumo problemático y el primer hecho policial?
En ese trayecto suele haber señales: ausentismo escolar, crisis familiares, violencia, expulsión del sistema, deudas, abandono. Si no hay un “puente” institucional, aparece el mercado ilegal como “organizador” (te da pertenencia, plata rápida, una tarea).
Escuelas y clubes: la primera línea
En los barrios, la escuela y el club cumplen una función que no figura en los organigramas: sostener. Dan rutina, pertenencia, un adulto confiable, una regla. Son “instituciones amortiguadoras”.
Pero para que esa función sea real, necesitan tres cosas:
Protocolos claros (qué hacer y a quién llamar sin improvisar).
- Articulación con salud y dispositivos comunitarios (derivar no es “sacarse el problema de encima”: es acompañar).
- Recursos: talleres, deporte, apoyo escolar, espacios de escucha.
Sin eso, terminan en el peor lugar: el de “detectores” sin herramientas, y con docentes quemados.
Cómo operan las redes de venta en territorio
En clave barrial, las redes suelen funcionar con tres rasgos típicos (y por eso son difíciles de desarmar):
- Fragmentación: Pocos saben todo. Hay escalones, tareas parciales, rotación.
- Baja visibilidad: Circulación por microcanales sociales (contactos de confianza, entornos cercanos).
- Reclutamiento de vulnerables: El menor no es “el gran narco”: suele ser el más expuesto y el más descartable (mensajería, mandados, presencia).
Contarlo así importa porque evita el error de siempre: creer que el problema se resuelve “cazando pibes”. Si se corta al eslabón más débil, la red se recompone. Si se reconstruye el tejido (escuela, trabajo, salud mental, deporte, oportunidades), la red pierde reclutas.
Estado y menores en conflicto con la ley: el atajo de bajar la imputabilidad
Argentina tiene un régimen vigente que establece que no es punible quien no haya cumplido 16 años, y fija condiciones específicas para 16–18.
Ese marco hoy está en discusión: el jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de 16 a 14, con 149 votos a favor y 100 en contra, y pasó al Senado.
El argumento de la “mano dura” es conocido: “Si cometen delitos graves, que respondan”. El problema es que confunde dos planos:
- Responsabilidad (que debe existir, con herramientas especializadas).
- Castigo temprano (que suele producir más daño que reparación).
Además, organismos y voces críticas señalaron algo que en territorio se ve: bajar la edad no reduce por sí misma el circuito que empuja a los chicos al consumo, al reclutamiento y a la violencia; y puede aumentar la institucionalización y el contacto temprano con sistemas punitivos.
Hay un punto clave que rara vez entra en debate: la revictimización. Un menor que cae en el sistema muchas veces carga con marca social, estigma barrial, expulsión escolar, ruptura familiar. Y si encima se lo expone, se multiplica el daño. La normativa provincial de protección integral pone el foco en el interés superior, la confidencialidad y en evitar afectaciones adicionales, incluso en el tratamiento mediático de casos.
En otras palabras: cuando la política pública elige la salida punitiva como atajo, suele producir exactamente lo que dice combatir: más violencia, más desarraigo, más reincidencia.
NEXO, Santiago del Estero: un modelo que corre la discusión del castigo a la reinserción
En Santiago del Estero existe una experiencia que vale la pena mirar con lupa: NEXO, Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente, ubicado en Av. Belgrano 810 (N).
NEXO combina un dispositivo cerrado para adolescentes de 16 y 17 con medidas de privación de libertad y un espacio abierto contiguo con talleres (arte, música) y un estudio de grabación; además, contempla medidas “extramuros” y actividades abiertas para menores de 12 a 15.
La relevancia judicial del modelo es esta: no niega el hecho, pero trabaja para que el hecho no se repita. Eso implica:
Abordaje terapéutico (salud mental y consumos).
Medidas socioeducativas
Articulación con familia y comunidad.
Una lógica restaurativa: reparar, reinsertar, cortar la rueda.
Porque si la salida del sistema es un chico más roto, la sociedad pierde dos veces.
Conclusión: Bajar la imputabilidad no “ordena” el barrio; lo incendia por abajo
En los barrios, el narcomenudeo no solo vende sustancias: organiza pertenencias donde el Estado se retira. El consumo problemático no solo enferma: rompe vínculos y corta futuro. Y cuando el debate público se reduce a “bajar la edad”, lo que hace es correr el problema hacia una zona todavía más peligrosa: la criminalización temprana de chicos que ya venían golpeados.
El sistema punitivo, cuando llega primero, suele dejar una marca que pesa más que cualquier taller, beca u oportunidad posterior: el estigma, la expulsión, la revancha. Y esa marca no es individual: se vuelve familiar, barrial, generacional. Por eso el costo real no es solo de seguridad: es de tejido social.
La salida no es romantizar al menor ni negar a las víctimas. La salida es dejar de elegir atajos: si la puerta de entrada es el consumo y la exclusión, la respuesta tiene que entrar por salud, escuela, clubes, comunidad y justicia especializada. El castigo temprano puede dar un titular. Pero la reinserción —cuando es seria— es la única que baja la violencia de verdad.
